En la era de la posverdad, la información no es solo poder; es control. La reciente licitación del Ministerio de la Presidencia por Bs 696.000 para contratar un servicio de «monitoreo integral y escucha predictiva» de redes sociales no es un simple trámite administrativo de comunicación institucional. Es, en el fondo, la confesión de un Gobierno que ha dejado de escuchar al ciudadano para empezar a vigilarlo.
Bajo el tecnicismo de la «escucha activa» y el uso de inteligencia artificial, se esconde una ambición inquietante: mapear el descontento. El pliego de condiciones es explícito al exigir herramientas como Brandwatch o Digimind para identificar «menciones negativas» y generar «alertas tempranas». En otras palabras, se está destinando dinero público —el aporte de todos los bolivianos— para comprar un termómetro que detecte dónde quema la crítica y poder sofocarla antes de que se convierta en un incendio político.
Lo más preocupante no es el seguimiento de datos cuantitativos, sino la «escucha predictiva». Esta disciplina, propia del marketing comercial, busca anticipar comportamientos. Aplicada al Estado, roza peligrosamente la frontera de la censura indirecta. ¿Para qué quiere un Gobierno predecir quiénes serán los próximos críticos? ¿Para mejorar la gestión o para aceitar la maquinaria de desacreditación y contranarrativa?
Mientras el país atraviesa debates urgentes sobre economía y justicia, el aparato estatal prioriza la «salud digital» de su imagen. No se busca el diálogo con el usuario de TikTok o el crítico de X (antes Twitter); se busca su clasificación. Si el sentimiento es negativo, la IA lanza una alerta; si la tendencia es crítica, el sistema se activa las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
La confidencialidad absoluta que exige el contrato cierra el círculo de opacidad: el Gobierno sabrá exactamente qué pensamos, cómo nos organizamos y qué nos molesta, pero nosotros no sabremos qué hacen con esa información.
Un Estado que teme la opinión de sus ciudadanos al punto de invertir fortunas en software de vigilancia es un Estado que ha perdido la brújula del servicio público. La verdadera comunicación gubernamental no necesita algoritmos de vigilancia; necesita transparencia, gestión eficiente y la madurez democrática para aceptar que, en las redes sociales, el pueblo tiene derecho a no estar de acuerdo.
