El Ministerio Público logró el viernes la detención preventiva de Cristian Q. A. de 15 años en el Centro de Reintegración Varones, por la presunta violación de su hermana de 13 años, quien también fue víctima de su padre Reynaldo Q. Y. y su tío Julio José Q. Y., ambos remitidos al penal de máxima seguridad de Chonchocoro y la cárcel de San Pedro, respectivamente.
“De acuerdo a los datos del cuaderno de investigación, se tienen suficientes indicios de convicción para sostener que los ahora imputados son con probabilidad autores del ilícito de violación de infante, niño, niña o adolescente con agravante. Por lo que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva de los sindicados, en el marco de su labor de defensa de la víctima”, señaló el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria.
En la audiencia cautelar, el fiscal asignado al caso, Ricardo Condori, fundamentó la imputación basada en los hechos registrados desde que la menor tenía 6 años, edad en la que fue violada por su tío paterno, tras que sus padres la dejaron una noche bajo su cuidado.
“Asimismo, en el año 2015 cuando los progenitores de la victima habrían salido con dirección a la feria a comprar algunos enseres, el hermano de la víctima aprovechó para abusarla sexualmente, hecho que –según la víctima- fue constante cuando los progenitores se ausentaban del domicilio”, dijo el fiscal.
De acuerdo con los datos de la investigación, en febrero de ese año, la menor nuevamente fue víctima de otra violación, esta vez por parte de su padre biológico, quien aprovechó que la ausencia de su cónyuge y su hijo para someter a la menor en tres oportunidades.
El representante del Ministerio Público aseguró que se colectaron indicios fehacientes, entre ellos, la valoración médico legal de la víctima de 13 años, la cual evidencia que la menor fue objeto de violación sexual.
En ese marco, el fiscal sostuvo que en el cuaderno de investigación también cursan las declaraciones de los ahora imputados y testigos de cargo, además de diferentes actuaciones investigativas, con el propósito de recoger y acumular mayores elementos de convicción e indicios que hagan sostener la existencia del hecho y la participación de los sindicados.
Ante lo expuesto, el fiscal solicitó la detención preventiva ya que concurre el riesgo procesal de fuga, debido a que los sindicados no acreditaron tener familia, domicilio y trabajo legalmente constituidos.
Además, el fiscal demostró que los imputados son un peligro efectivo para la víctima, tomando en cuenta la vulnerabilidad y la facilidad para manipular a la menor, al igual que pueden influir negativamente tanto en la víctima como en los familiares, testigos y peritos.
