Christian Jiménez Kanahuaty
El orden político no es sino la organización de actores políticos ideológicamente encontrados en busca de imponer un programa político que suponen el mejor para ejercer el gobierno de una población y el control sobre un territorio determinado. Sin embargo, los proyectos políticos no siempre son programáticos o ajustados a los valores sociales o las necesidades económicas de una sociedad. Sucede que los programas y proyectos de país son formulaciones abstractas que no toman en cuenta la especificidad de una sociedad, son diseños globales que se adaptan a realidades locales.
A pesar de ello, las realidades locales prefieren modelos extranjeros a endogenos, porque los propios no resultan ni atractivos en su formulación ni verdaderos a la hora de verificar su posibilidad fáctica. Lo global, al ser efecto de pruebas y errores en otras latitudes, demuestra ser correcto y adaptable. Se vive de adaptación en adaptación y así el grueso de las políticas públicas de un Estado están sostenidas sobre reformas que intentan amoldar un Estado como el Boliviano a imagen y semejanza de estados europeos o latinoamericanos que se presumen exitosos.
En Bolivia, el camino a la segunda vuelta electoral demuestra por parte de los candidatos “la necesidad de achicar el Estado”, cuando en realidad lo que desean es reducir el gasto público, reorganizando el gobierno y sus instituciones y personal. Porque el Estado no se reduce, el Estado es la extensión territorial y geográfica, con sus límites internacionales claramente establecidos. El Estado es la población y la forma de gobierno. No se achica el Estado sino por pérdida territorial como bien sabemos gracias a nuestra historia repleta de derrotas bélicas. Sin embargo, cuando los candidatos dicen que hay que achicar el Estado están hablando de una forma muy simbólica del Estado.
Refieren su achicamiento al despojo de las empresas propiedad de los bolivianos; ofrecen entonces, achicar el Estado restando capacidad productiva al mismo para generar dinero inmediato. Venden para que haya liquidez, pero no para generar dinámicas económicas de largo aliento. No se pretende modificar una empresa y limar asperezas en su gestión. No. Lo más fácil es vender y despojar del aparato productivo es la verdadera dimensión del achicamiento del Estado. Otro significante de este achicamiento tiene que ver con quiénes ingresan a él. Si el Estado se hace más chico, los que ingresarán a él serán cada vez menos y será el Estado el que decida quiénes entran y quiénes no. La búsqueda en su faceta racista es de nuevo excluir para gobernar, y el efecto es criminalizar la protesta y generar un Estado vigilante de las actividades públicas de organizaciones y movimientos sociales.
No se trata de un Estado protector, sino vigilante y sancionador el resultado de un gasto público destinado a la eficiencia administrativa, sin prestar atención a la cultura o la diversidad social. El achicamiento del Estado es reducir la identidad de la población, es gestionar los canales de mediación entre él y la sociedad civil, y finalmente es no intervenir en economía.
Si bien las campañas nos han demostrado que las propuestas giran en torno a una disputa entre un modelo intervencionista de corte keynesiano y otro de antecedentes liberalizadores inspirados en Von Hayeck, lo que tenemos es un deseo manifiesto por parte de los candidatos a que el Estado se achique al momento de decidir el rol del mercado en la economía. Y achique es un modo de decir, tibieza, lejanía e indiferencia.
Se achicará el Estado frente a poderes transnacionales, empresas chinas y dejará en libertad a sus financistas para que intervengan desde su gran capital en las decisiones de operadores fiscales, legislativos y empresariales. El Estado se achica cuando no tiene capacidad de regular, intervenir o sancionar actividades nocivas para los intereses nacionales. El Estado se achica cuando los bolivianos ya no gozan de información sobre el rumbo de sus derechos. Porque uno de los derechos clave de la nueva constitución, es el derecho económico y este tiene que ver con las múltiples posibilidades de generar economía, pero también con la capacidad de saber cómo se gestionan los recursos naturales, en qué se usan los beneficios de la renta y cómo se administran los impuestos. Todas estas variantes repercuten en el derecho económico fundamental: no quedar afuera del mercado de trabajo. Que todas las personas tengan derecho a un trabajo digno y remunerado, pero que la remuneración esté ligada al tipo de trabajo realizado y tenga relación con el costo de vida.
Por lo tanto, hay en la forma de exponer un programa de trabajo un deseo manifiesto de llevar la ideología a sus últimas consecuencias, pero tratando de todas las maneras posibles de hacer invisibles sus intenciones verdaderas. Se usan palabras y metáforas para reducir la realidad, pero también para engañar y distraer en abstracciones. Sin embargo, un modelo de país no funciona sólo desde la abstracción, sino desde una serie de acciones concretas; ellas conducen por distintos niveles de decisión a unas políticas públicas y serán finalmente ellas, las que configuren la vida social y cultural del Estado en adelante. Ahora bien, cuando se habla de achicar el Estado se habla de un retorno a los noventa y un momento político complejo porque si bien la historia la conocemos, la sociedad no es la misma ni las necesidades son iguales. Han pasado muchas movilizaciones, y hubieron demasiados muertos como para regresar a un punto de equilibrio tan precario.
Pensar el país en otras dimensiones, desmarcando el análisis sólo de las condiciones electorales es una necesidad para avisorar lo que puede suceder entre quien entre al gobierno. Y luego, según quién entre ver su forma en que plantea el debate. Pero no cuando ya esté con la investidura presidencial, sino ahora. Ahora las palabras y sus efectos y sus metáforas y formas retóricas pesan más que cuando pase la segunda vuelta, es ahora cuando el candidato se muestra tal como será. Es ahora que el candidato en arrebatos y deslices verbales manifiesta quién es.
