Bolivia está viviendo una coyuntura política con neblina y vientos de un invierno adelantado. Como diría Maquiavelo, son tiempos anormales. Cuando la autoridad moral del poder ejecutivo está altamente cuestionada y el imperio de la ley es una ficción. Ambas crisis están asociadas con la complicada situación económica que se manifiesta, principalmente, en dos hechos empíricos: escasez de dólares y distribución irregular de combustibles. Un cóctel potencialmente tóxico porque la economía determina el humor de la gente más allá de las ideologías.
El presidente traduce su crisis de legitimidad (autoridad moral altamente cuestionada) en “golpe blando” (generación de malestar, campaña mediática y movilización social). Como no tiene voluntad de respuesta eficaz para las preferencias de la mayoría (aumento de la oferta de dólares y distribución regular de combustibles), pero sí tiene oídos para los grupos sociales (cada vez menos) que lo apoyan bajo la promesa de la industrialización, necesita posicionarse como víctima (pensando estratégicamente en 2025) de las “fuerzas oscuras”; quienes, desde su lógica política amigo-enemigo, buscan tácticamente desestabilizarlo, debilitarlo, hacerlo huir.
La dependencia política del poder judicial conlleva una crisis de legalidad porque las normas y procedimientos establecidos son interpretados de manera inconsistente, a pedir de boca del poder ejecutivo cuando de atacar al enemigo se trata. ¿A quiénes favorece que no se lleven a cabo, por lo menos este año, las elecciones judiciales? No hace falta ser un analista político avezado para darse cuenta de quiénes son los principales beneficiados de las acciones de los autoprorrogados para neutralizar al poder legislativo. Algo inaudito en cualquier país donde se respeta la independencia de poderes, pero probable en Bolivia.
El gobierno nacional y las organizaciones sociales -en quienes se apoya para generar relatos y tomar acciones- miran hacia el futuro con una emoción positiva: industrialización y reelección 2025 (agenda partidista); sin embargo, la población en general observa el presente con una emoción negativa: escasez de dólares y distribución irregular de combustibles. Las turbulencias sociales se originan desde las mentes calientes (condicionadas por las crisis), no en las cabezas frías.
El presidente no está respondiendo a las urgentes demandas de los ciudadanos en el presente (voluntad), pero se aferra a la idea de la industrialización futura (agenda de gobierno) para justificar su relato político sobre la situación económica actual y salir del paso; sin embargo, las crisis de legitimidad y legalidad son dos piedras en cada uno de sus zapatos que lo hacen increíble ante las contingencias.
Si desde las altas esferas de gobierno se siguen tomando decisiones políticas sin prestar atención al sentido común, a las señales de urgencia: prudencia financiera (no gastar más dinero del que se gana), entonces el futuro indeseado (inestabilidad política) está a la vuelta de la esquina. Una cosa lleva a la otra; no es que las “fuerzas oscuras” determinen el mal humor de la gente.
