Contrabando: destierro y pena de muerte

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El contrabando está matando a la producción nacional, está afectando a los productores del agro, lo que sumado a las consecuencias de la cuarentena por el Covid-19 está provocando el cierre de predios productivos, destruyendo empleos, poniendo en riesgo la salud humana y perjudicando la reactivación de la economía del país. Así se expresaron varios subsectores de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) al declararse en emergencia en una conferencia de prensa en Santa Cruz (18.11.2020).

El masivo ingreso ilegal de alimentos desde países vecinos pone en figurillas a los productores nacionales, tanto del Oriente como del Occidente. La papa contrabandeada desde Perú; las carnes de pollo y cerdo, lácteos, aceites, maíz y sorgo, desde Argentina; los embutidos, carnes, lácteos y azúcar desde Brasil, son un dolor de cabeza.

Las pérdidas para el sector son astronómicas. Según la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), el ingreso de 130.000 toneladas de maíz contrabandeado este año desde la Argentina significa, no solo la pérdida de mercado, sino también el gasto de 22 millones de dólares para traer maíz transgénico argentino que compite deslealmente con el maíz boliviano, haciendo bajar su precio, mientras al productor nacional no se le permite producir con esa misma tecnología. Triste paradoja ¿verdad?

Por su parte, la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor) denunció el contrabando de más de 150 toneladas/mes de carnes y embutidos desde Argentina y Brasil por un valor de 5 millones de dólares.

A ello hay que añadir que las ferias y mercados están abarrotados de alimentos y bebidas alcohólicas contrabandeadas, por Navidad y Año Nuevo.

Lamentablemente, en Bolivia hay condiciones objetivas que promueven el delito del contrabando: un dólar muy barato; devaluaciones en derredor; un mercado de precios en el país que busca lo económico antes que la calidad o seguridad del producto; extensas fronteras; distorsión del tráfico vecinal fronterizo; una profunda cultura de evasión fiscal, y permisividad de las autoridades en países vecinos. El hecho es que este problema no atañe solo a la Aduana sino también al Senasag, a las alcaldías, a los comerciantes inescrupulosos y consumidores que compran de contrabando, por eso lo atávico del asunto.

¿Sabía usted que Simón Bolívar emitió en 1825 un decreto estableciendo el destierro para el contrabandista, y para los funcionarios públicos involucrados, la aplicación de la pena capital? Pero…¡ni aún así!