Estamos inmersos en uno de los momentos más relevantes del proceso electoral que viviremos el de diciembre cuando acudamos por vez segunda a elegir máximas autoridades del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional de nuestro país. Así, estaba previsto que uno de los temas nodales en torno a esta elección sería el de la difusión de méritos, la información del proceso y las respectivas prohibiciones establecidas para las y los 96 candidatas/os que buscarán ser elegidas/os en las siguientes semanas.
En torno a las prohibiciones, es preciso recordar que el artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral el año 2010 había sido ya observada por varios sectores de la comunicación por considerarlo restrictivo y atentatoriode derechos,es así que atravesó su primera modificación para las primeras Elecciones Judiciales del año 2011. Buscando volverla aún menos restrictiva es que en agosto de este año el marco normativo que guía este proceso electoral atraviesa una segunda modificación que disminuyó las prohibiciones al mínimo y, con ello, el Tribunal Supremo Electoral elaboró, con el apoyo de UNESCO, un Reglamento para la difusión de méritos e información del proceso de elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Una de las cualidades de este Reglamento es la dedeterminar con claridad un escenario de tipo comunicacional altamente complejo y único en el mundo que establece la posibilidad legal de llevar adelante 2 procesos de tipo informativo-comunicacional, de forma simultánea: la difusión de méritos y la información sobre el proceso de las Elecciones Judiciales; y la imposibilidad de desarrollode otros 2 procesos del mismo universo comunicacional: la campaña y la propaganda.
Repaso este panorama toda vez que, como todo proceso que se hace público y masivo, parece importante llamar la atención en torno a los efectos que podría estar generando, en un plano subjetivo, la inserción de un alto componente informativo-comunicacional en una concreta elección que involucra el ámbito judicial, más aún apelando a la certeza de que este actual periodo asignado para tal efectoestaría teniendo mayor presencia y relevancia mediática que el realizado anteriormente para las Elecciones Judiciales de 2011.
Lo que hemos estado presenciando en medios de información refleja la posibilidad y necesidad que han tenido las y los postulantes de constituirse en una o un candidato durante este periodo, hecho que implica que estas ciudadanas y ciudadanos deban exprimir (cuando no aprender sobre) sus capacidades discursivas y comunicacionales. Es exactamente lo que la adecuada aplicación de la normativa persigue: la constitución de una o un juez, previamente, en una o un candidato y queen búsqueda del voto ciudadano ocasionalmente podría ser evaluado tanto por sus habilidades discursivas y comunicacionales como por las que tiene en materia de justicia y derecho.
Estamos pues, ante la disyuntiva que implica añadir el complejo componente de tipo comunicacional en este proceso, que debiera orientarnos a valorara las buenas mujeres y buenos hombres de derecho por encima de las y los buenos candidatos y que debiera encontrar cauce y resolución en la corresponsabilidad ciudadana de acudir a ejercer un voto responsable e informado. Un voto que finalmentepermitirá que -a posteriori- se evalúe el desempeño de las juezas y los jueces en los siguientes 6 años más allá de su ejercicio como candidatas o candidatos en esteconcreto periodo de 45 días.
