Los cabildos ciudadanos multitudinarios de Santa Cruz, La Paz, Sucre, Potosí, Oruro, Tarija, Trinidad y otros han asumido cuatro demandas coincidentes: rechazo a la auditoría electoral pactada entre el Gobierno, cuya cabeza es una de las partes en el conflicto, y la OEA; anulación de las elecciones del 20 de octubre y convocatoria a nuevos comicios generales; designación de nuevos miembros del TSE, y la renuncia de Evo Morales y García Linera.
La carta de renuncia del Vicepresidente del TSE y el informe elaborado por Neotec, empresa encargada del apoyo técnico al TREP y al cómputo oficial de votos han puesto en evidencia las graves falencias del TSE, su responsabilidad directa en el conflicto que hoy soporta el país y, por ello, su absoluta carencia de credibilidad y legitimidad.
Evo Morales y su gobierno insisten en dos acciones: llevar delante de todas manera la auditoría, y convocan a Carlos Mesa a que se sume a la auditoría, pese a que éste ha sido ya rebasado por las movilizaciones ciudadanas.
La auditoría podría entregar al país dos dictámenes de fondo:
Existen evidencias y otros indicios fuertes del fraude electoral. Dado este informe, su consecuencia será la anulación de las elecciones del 20 de octubre, para lo que se necesitará un nuevo TSE. Está claro para todos que la segunda vuelta como vía de solución está cerrada.
No existen evidencias del fraude electoral. Emitido un informe así y dado el desprestigio de la OEA y de su Secretario General, ¿qué hará Evo Morales?: ¿intentará imponer el dictamen a raja tabla, prolongando así el conflicto, los enfrentamientos violentos y elevando el número de muertos y heridos?
La prospectiva de los desemboques probables de la auditoría pone de manifiesto que ésta ha dejado de ser una vía de solución, pasando a convertirse en uno de los componentes del conflicto.
Salida política y principio de solución. Queda claro que, en el estado de situación actual, la solución al conflicto sólo puede encontrarse en la vía política, en la mesa de concertación. Consensuada la salida política, naturalmente tendrá desemboque operativo en el terreno institucional. En este entendido, el principio de solución puede abrirse del siguiente modo:
Convocatoria inmediata a una cumbre político-institucional por parte del presidente Evo Morales. ¿Quiénes deben ser convocados? Los comités cívicos, Conade y las cuatro organizaciones políticas más votadas.
El temario de la cumbre debería ser: las cuatro conclusiones de los cabildos ciudadanos y la propuesta gubernamental de llevar adelante la auditoría electoral.
Carlos Böhrt I. es un ciudadano crítico.
