Si el Gobierno actual no decide prorrogarse en el poder o por algún motivo se suspenden los tan esperados comicios de agosto, estamos a escasos siete meses de asistir a una elección general particularmente significativa, y lo que más se necesita ahora en que estamos abrumados con información de todo tipo, es claridad. Claridad en torno a lo que Bolivia necesita y, por ende, a lo que deberíamos esperar de los candidatos no solo a la Presidencia y la Vicepresidencia, sino también al Órgano Legislativo. (Poco se recuerda, pues, que, en una democracia, dado que el presidente no puede obrar como un monarca, pocas reformas se pueden implementar prescindiendo de una sólida bancada que las apoye.) En este sentido, hacer una distinción entre lo urgente y lo importante me parece muy útil.
Lo urgente, claro está, es solucionar la crisis económica que está azotando a miles de familias bolivianas y que es el resultado de un régimen populista de casi dos décadas que, beneficiándose del alto precio que durante diez años consecutivos alcanzaron las materias primas en el mercado mundial, malversó fondos e incurrió en varios casos de corrupción. Por ende, deberíamos elegir a aquellos candidatos que propongan reformas serias y eficaces, pero también realizables y posibles. Lo urgente, en suma, es que los dólares vuelvan a circular, que nuevamente haya carburantes, que la inflación se detenga y, tal vez, que el sistema impositivo, hoy asfixiante para pequeños y medianos emprendedores, se simplifique y racionalice.
Sin embargo, lo importante va mucho más allá de lo urgente; es más trascendental. Lo importante es aquello que siempre ha sido importante en Bolivia y en varios países latinoamericanos, en los que todavía las luchas políticas giran más en torno a personalidades que en torno a ideologías o proyectos: la institucionalización. Habría que ser un ingenuo o un mentiroso para afirmar que antes del MAS había en Bolivia instituciones serias, que funcionaban como contrapesos efectivos al poder y como mecanismos de autocorrección democrática, porque eso realmente nunca fue así. La historia de Bolivia es, pues, la historia de una permanente precariedad institucional. Pero tampoco se puede desconocer que, en estos últimos veinte años, las instituciones democráticas han ido sufriendo un grave deterioro, en gran medida debido al paradigma del llamado Proceso de Cambio, que propuso la introducción de cuotas políticas de etnia o género, sin tener en cuenta las capacidades de las personas que aspiraban a los altos puestos de la burocracia. Instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Órgano Judicial o la Asamblea Legislativa son, hoy por hoy, disfuncionales, costosas y muchas veces corruptas.
La disfuncionalidad de las instituciones provoca, obviamente, el deterioro acelerado de la democracia (es decir, de un sistema de representación pluralista y de autocorrección), permitiendo la anomia (vale decir, el divorcio entre la ley y las costumbres sociales) y el abuso de poder por parte del Poder Ejecutivo. Es lógico: ya que este no es controlado por instituciones (como una Asamblea Legislativa) ni es sancionado con todo el peso de la ley (por el Órgano Judicial) cuando comete delitos, la discrecionalidad y el abuso de poder se vuelven la normalidad.
Además, hay que tomar en cuenta que, con instituciones sólidas y serias, poca probabilidad habría de que las crisis económicas, como la que hoy azota a Bolivia, se agudicen. Por eso insisto en que lo importante es la reconstrucción de las instituciones. No obstante, al menos hasta ahora, ningún precandidato ha propuesto nada sobre este asunto; todos hablan, por ejemplo, sobre cómo traerían dólares y combustibles, sobre cómo ayudarían a los emprendedores y a atraer capitales y sobre cómo Bolivia podría industrializar su litio y volverse un país “digital”; sin embargo, nadie habla sobre cómo reformarían la Policía o las Fuerzas Armadas, sobre cómo los partidos políticos podrían institucionalizarse (volverse más serios) o sobre cómo, al igual que se podrían eliminar empresas deficitarias, se podrían eliminar instituciones que no sirven, como la Procuraduría del Estado.
Tampoco proponen nada sobre asuntos importantes como la devastación de los bosques, que en 2024 llenaron los cielos de humo y volvieron el aire irrespirable. Esperemos que en los siguientes meses los candidatos no propongan solamente medidas para paliar el problema económico, es decir lo urgente, sino también para resolver lo importante, el eterno problema: la institucionalización de Bolivia.
Ignacio Vera de Rada es politólogo y comunicador social
