Miguel Alfonso Avila
La reciente imagen del presidente Rodrigo Paz Pereira junto a Donald Trump en Miami no es solo una fotografía de protocolo; es el capítulo más reciente de una larga y compleja cronología de encuentros en la cima que ha moldeado la trayectoria de Bolivia en el escenario internacional. Desde que Víctor Paz Estenssoro caminara por los jardines de la Casa Blanca con John F. Kennedy en 1963, la relación bilateral entre Bolivia y Estados Unidos ha funcionado como un termómetro de nuestra estabilidad política, nuestra economía y nuestra apertura al mundo —y pocos temas han marcado tanto esta relación como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Revisar estas citas presidenciales es, en esencia, entender las eras que marcaron a nuestra nación:
La era del pragmatismo y la contención (años 60)
En 1963, Víctor Paz Estenssoro se reunió con Kennedy en medio de la vigencia de la Alianza para el Progreso. El encuentro significó un espaldarazo a la Revolución Nacional de 1952, en un contexto global donde Washington buscaba evitar que países de América Latina siguieran el camino de la Revolución Cubana. Pocos años después, en 1968, René Barrientos Ortuño ratificaba con Lyndon B. Johnson una alianza militar forjada en la lucha contra los movimientos guerrilleros en la región —especialmente tras la derrota de la guerrilla liderada por Ernesto «Che» Guevara en suelo boliviano un año antes. Ya en esta etapa, los primeros indicios de cómo el tráfico de drogas comenzaba a entrelazarse con la violencia regional comenzaban a definir la agenda bilateral.
Diplomacia en tiempos de crisis y coca (finales del siglo XX)
Los encuentros de las últimas décadas del siglo pasado estuvieron fuertemente marcados por la agenda del narcotráfico. Hugo Banzer Suárez tuvo dos citas clave: en 1977, asistió junto a Jimmy Carter a la firma de los Tratados Torrijos-Carter sobre el Canal de Panamá, un momento donde también se discutió el retorno a la democracia en el Cono Sur y la necesidad de coordinar acciones contra el tráfico que comenzaba a expandirse por la ruta del Pacífico. Ya en 2000, como presidente constitucional, se reunió con Bill Clinton para presentar el «Plan Dignidad», enfocado en la erradicación de cultivos de coca excedentes y la creación de unidades especializadas en lucha contra el crimen organizado.
Jaime Paz Zamora, por su parte, mantuvo una relación fluida con George H.W. Bush: en 1990, Bolivia se unió a la Iniciativa para las Américas, y en 1992 asistió a la Cumbre sobre Drogas en San Antonio, donde consolidó su famosa tesis de «coca por desarrollo». Este enfoque buscaba romper el ciclo del narcotráfico proponiendo alternativas económicas sostenibles para los campesinos bolivianos, mientras se fortalecían las capacidades de las fuerzas de seguridad para combatir a las bandas criminales que controlaban el tráfico.
El paréntesis y el retorno al diálogo (siglo XXI inicial)
Tras años de distancia ideológica y la ruptura de relaciones diplomáticas en 2008, el siglo XXI vio pasar a Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge «Tuto» Quiroga Ramírez por Washington. En 1994, Sánchez de Lozada participó en la primera Cumbre de las Américas en Miami, promoviendo el libre comercio y el modelo de capitalización, pero también acordando medidas para fortalecer el control de fronteras y la intercambio de inteligencia contra el crimen organizado. En 2002, en su segundo mandato, buscó apoyo económico ante la crisis social del país, pero también firmó acuerdos para modernizar las instituciones encargadas de la lucha contra el narcotráfico.
Por su lado, Quiroga visitó la Casa Blanca poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, centrándose en la renovación de las preferencias arancelarias del ATPDEA, fundamentales para las exportaciones textiles bolivianas, a cambio del fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico y el cierre de rutas utilizadas por grupos criminales con vínculos a organizaciones terroristas.
El 2026: ¿Un nuevo enfoque en la lucha contra el crimen organizado?
Este 7 de marzo de 2026, la presencia de Bolivia en la Cumbre «Escudo de las Américas» representa algo más que una visita oficial. La cita, celebrada en el Centro de Convenciones de Miami Beach, reunió a mandatarios de 18 países de la región con el objetivo de definir una estrategia común contra el crimen organizado, el tráfico de armas, la trata de personas y la inestabilidad política —temas que en Bolivia han cobrado relevancia en los últimos años, con el auge de bandas dedicadas al contrabando y el lavado de dinero.
Al sentarse a la mesa con Donald Trump, el presidente Rodrigo Paz Pereira ha enfatizado que «Bolivia no llega a pedir permiso, llega a proponer». Durante la cumbre, Bolivia presentó una propuesta integral que incluye: la creación de un centro regional de capacitación en seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, con apoyo técnico y logístico de EE. UU.; el establecimiento de un sistema de intercambio de inteligencia entre países de la región; y la implementación de programas de prevención social en zonas de alta vulnerabilidad, para evitar que jóvenes sean reclutados por bandas criminales.
Se acordó también que Estados Unidos brindará apoyo para modernizar los equipos de las fuerzas de seguridad bolivianas y capacitar a agentes en técnicas de investigación financiera para combatir el lavado de dinero asociado al narcotráfico. A diferencia de enfoques pasados centrados solo en la erradicación, esta nueva estrategia busca abordar las causas estructurales del crimen, vinculando la seguridad con el desarrollo económico en zonas rurales y fronterizas.
Expectativas y preocupaciones en la sociedad boliviana sobre la lucha contra el crimen
La noticia del encuentro ha generado un debate amplio en todo el país, con visiones encontradas sobre los alcances y riesgos de esta nueva estrategia contra el narcotráfico y el crimen organizado:
- Entre los sectores optimistas —especialmente en zonas afectadas por la violencia criminal y en el ámbito empresarial— hay expectativas de que el apoyo técnico permita reducir el contrabando en fronteras, combatir el lavado de dinero que afecta la economía formal y mejorar la seguridad ciudadana. Se espera también que los programas de prevención social ayuden a proteger a las nuevas generaciones.
- En cambio, sectores sociales y organizaciones campesinas expresan preocupaciones sobre cómo se implementarán las medidas, recordando experiencias pasadas donde operaciones de erradicación generaron conflictos y afectaron la economía familiar de comunidades que dependen de la coca para su sustento. Piden garantías de que las acciones se centren en los cárteles y no en los pequeños productores, y que se mantenga el enfoque en el desarrollo alternativo.
- Desde el ámbito académico y de análisis político, se señala la importancia de que la lucha contra el narcotráfico no se convierta en un pretexto para la intervención externa en asuntos nacionales, y que se fortalezca la institucionalidad boliviana para evitar la corrupción que ha permitido que grupos criminales operen con impunidad. También se destaca la necesidad de coordinar acciones con otros países de la región, como Perú y Brasil, para abordar el problema de manera integral.
La historia nos enseña que estos acercamientos suelen traer consigo compromisos de alta factura. Queda por ver si este nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado se traduce en seguridad y desarrollo para el pueblo boliviano, o si, como en épocas pasadas, la agenda externa termina sobreponiéndose a las necesidades internas. Lo cierto es que, después de mucho tiempo, Bolivia vuelve a tener un asiento relevante en el tablero geopolítico del norte, y esta vez el país busca liderar propuestas en lugar de simplemente seguir órdenes.
