Mirna Luisa Quezada Siles
Bolivia llegó al 2025 con el compromiso de conmemorar su Bicentenario a la altura de su historia. Sin embargo, esa expectativa quedó en gran parte incumplida. El 2 de enero, el gobierno emitió el Decreto Supremo Nº 5307, declarando oficialmente el Año del Bicentenario y disponiendo el embanderamiento permanente en todo el país, junto con actos conmemorativos organizados por instituciones públicas. Sin embargo, lo que debía teñir de rojo, amarillo y verde cada rincón de las ciudades apenas se vislumbra en algunas calles, plazas o edificios. Hacer flamear la tricolor nacional, símbolo de orgullo patrio, es hoy una excepción y no la regla.
Además, el gobierno informó que habría una celebración digna de los 200 años de independencia; pero ese anuncio se diluyó y lo que debía representar momentos de unidad, memoria y proyección nacional se fue convirtiendo, desde hace meses, en una efeméride deslucida, opacada por la propaganda oficial, el sectarismo político y la urgencia de una población que hoy prioriza conseguir alimentos a precios accesibles, gasolina y dólares, cada vez más escasos.
El escenario se agrava con la violencia impuesta por grupos bloqueadores evistas del Movimiento al Socialismo (MAS), que sembraron miedo y caos. A esto se añade una crisis económica, política y social que el propio gobierno, también del MAS, no sabe, no puede o no quiere enfrentar. De esta manera el Bicentenario no promueve el debate plural y apenas sobrevive como un eslogan más, borroso por la confrontación y el desgaste institucional.
A lo largo del año se anunciaron más de 60 actividades oficiales centradas en cultura, historia, turismo y educación. Algunos eventos destacados incluyeron la presentación de un elenco de ópera chino en Santa Cruz y Chuquisaca, el programa “200 años y 200 destinos turísticos” y homenajes como el rebautizo del Centro Cultural La Sombrerería con el nombre de Matilde Casazola. También se realizó el “Primer Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes” y se lanzó la Agenda de Festejos desde el Consejo Nacional de Autonomías. Pero aunque la agenda es ambiciosa, el contexto no es favorable. La constante crisis política, los bloqueos, la conflictividad interna en el MAS y el deterioro económico puso en riesgo la ejecución, continuidad y relevancia de muchas de estas iniciativas.
BICENTENARIO ATRAPADO
El Bicentenario, en lugar de ser un espacio de encuentro quedó atrapado entre la confrontación y la violencia, generando enfrentamientos y sabotajes. Esto afectó a departamentos clave como Chuquisaca, que deberían ser centros vivos de la celebración, pero que hoy enfrentan incertidumbre. El país parece conmemorar sus 200 años sumido en tensiones, sin consenso, sin entusiasmo, sin dirección clara.
En medio de este panorama, la figura de Martín Maturano Trigo, delegado presidencial del Bicentenario, pasa desapercibida. Médico de profesión y vinculado desde hace años al MAS, Maturano ocupó cargos como viceministro de Salud durante el segundo gobierno de Evo Morales y posteriormente como director del SEDES en Chuquisaca. Desde 2021 lidera la organización del Bicentenario bajo una propuesta estructurada en cinco pilares: memoria histórica, salud, cultura, educación y desarrollo regional; pero su mensaje que dio a un medio de comunicación: “Este año, Bolivia nos llama a fortalecer nuestro espíritu cívico y a buscar las 200 razones de sentirnos orgullosos de ser bolivianos”, queda en la nada.
Entre las principales iniciativas impulsadas está el Libro del Bicentenario, concebido como una herramienta cultural y educativa. También se anunciaron actividades como la Cátedra Libre del Bicentenario, producciones teatrales y cinematográficas así como concursos escolares, todas enmarcadas en el Plan Estratégico Nacional. Sin embargo, la ejecución de estas propuestas fue criticada por su visión centralista y partidaria, carente de una convocatoria amplia e inclusiva que incorpore a historiadores, artistas, educadores y representantes de todo el país.
DEUDAS SOCIALES
A la par de la fragmentación política y los problemas económicos, Bolivia llegó a su Bicentenario con profundas deudas sociales porque durante los últimos años, sectores como salud, educación y justicia siguen en crisis. Las escuelas públicas, especialmente en el área rural, continúan funcionando con infraestructura precaria y recursos limitados. El sistema de salud sufre por falta de insumos, personal y equipamiento. Y la justicia, aún politizada, no logró recuperar la confianza de la ciudadanía. En este contexto, también los adultos mayores fueron abandonados: la nueva Gestora Pública, que reemplazó a las AFPs, generó más confusión que beneficios. Los aumentos prometidos en pensiones se enfrentan a trámites burocráticos y falta de claridad.
En contraste con estas necesidades básicas desatendidas, persisten las inversiones en obras innecesarias o sin impacto social. El caso del Museo de Orinoca —erigido en homenaje a Evo Morales y hoy prácticamente vacío— es quizás el ejemplo más conocido de lo que en Bolivia se ha llamado “elefantes blancos”: proyectos costosos, de dudosa utilidad y alto valor simbólico para el poder, pero nulo beneficio para la población. Estas inversiones refuerzan la percepción de despilfarro, impunidad y desconexión entre el Estado y las prioridades reales del país.
NUEVO ENFOQUE AL BICENTENARIO
Aun así, no todo está perdido. El Bicentenario todavía puede recuperar su sentido si se transforma su enfoque. Es urgente conformar una comisión nacional plural, con representantes de todas las regiones y sectores sociales, que replantee el significado de la conmemoración. Los 300 millones de bolivianos asignados al evento no deberían gastarse en protocolos ni discursos vacíos, sino invertirse en proyectos culturales, educativos y sociales de largo aliento. El país necesita escuelas, libros, centros culturales y… verdad histórica.
La población boliviana no puede conformarse con una celebración decorativa. Necesita memoria crítica, justicia social y visión de futuro. Celebrar 200 años no es solamente mirar atrás, sino asumir el presente con honestidad y construir, de una vez por todas, una nación para todos. Para lograrlo, el gobierno debería dar mayor libertad y seguridad a los sectores culturales, de modo que, de forma independiente pero dentro del marco del Decreto Supremo, puedan organizar actividades visibles y representativas hacia el exterior, rescatando así la riqueza creativa y plural del país.
