El 16 de junio, mediante D.S. 4522, el gobierno boliviano decidió elevar los aranceles para algunos productos alimenticios, a fin de “sustituir su importación”, además de “proteger y reactivar la producción agrícola nacional”.
El Decreto mencionado asume que el incremento arancelario desincentivará la importación de los productos así afectados, y que la demanda local buscará la compra de productos nacionales. La intención puede ser buena, pero peca de ingenua, pues ignora el hecho de que la mayor parte de la internación a Bolivia de esos alimentos extranjeros se hace a través de contrabando. Esas operaciones no pagan el arancel actual, y tampoco pagarán el nuevo arancel más alto.
Algunos medios de comunicación mencionan incluso que el objetivo de esta medida es “luchar contra el contrabando”, lo cual es sencillamente absurdo. Si un contrabandista buscaba evitar el pago de los aranceles actuales de entre 5% y 15%, ¿es posible creer que ahora aceptará pagar un arancel de entre 20% y 30%? En realidad, es más lógico pensar que incluso empresarios que pagaba el arancel antiguo y apenas lograban obtener utilidad, con los nuevos aranceles considere ingresar esos productos vía contrabando, para poder ser competitivos.
Se debe tener claro que el flujo comercial privilegia a los proveedores más baratos. La aplicación de aranceles busca encarecer las importaciones para que los proveedores extranjeros baratos pierdan esa competitividad. Incluso si la medida tiene éxito, se obliga al consumidor final a comprar el producto menos barato. En el caso boliviano, en el que la lucha contra el contrabando es tan difícil (por varios motivos que no se analizarán aquí) lo más probable es que los resultados obtenidos no sean los esperados (e incluso, quizás los opuestos).
Y hay un punto más que parece no haber sido considerado por quienes redactaron en el D.S. 4522: La mayoría de los proveedores extranjeros de los productos a los que se elevó el arancel son peruanos, y en menor cantidad argentinos, y Bolivia otorgó a esos países preferencias arancelarias del 100%, en el primer caso por ser Perú miembro de la CAN (Comunidad Andina) y en el segundo por haber firmado Bolivia el ACE 36 con el MERCOSUR. ¿Y qué significa la otorgación de una preferencia arancelaria del 100%?, simplemente que, para importaciones de esos países, la “rebaja” que debe hacer Bolivia del arancel a cobrar es del 100%. Es decir, que no importa si el arancel es del 5%, 10%, 50% u 80%, al momento de la importación el pago del arancel será 0%.
Entonces, queda claro que el alza arancelaria para algunos productos difícilmente podrá cumplir con lo que pretende, pues para ayudar efectivamente al aparato productivo nacional no es suficiente (ni remotamente) el alza temporal de aranceles para ocho productos. Deben considerarse temas como el tipo de cambio del Boliviano, los acuerdos comerciales firmados por Bolivia, la posibilidad real de lucha contra el contrabando, la firma de futuros tratados de libre comercio para la ampliación de mercados, la seguridad jurídica a las inversiones, etc.
Pero como dice esa antipática frase que circula en las redes sociales… parece que algunos no están preparados para tener esa discusión.
