Mirna Echave Mallea Daniel Ramos Mayta
“Aquí hay poca agua…, del pocito nomás tomamos”, comenta Juana Valdés Pacheco, mientras filtra el líquido que saca de un pozo de Taucachi, comunidad del municipio de Achocalla. Una tela le sirve para cubrir el balde y retener la espuma, bichos y suciedad del agua amarillenta, que luego se lleva para cocinar, lavar y cubrir las necesidades de su familia.
Achocalla se encuentra en el departamento de La Paz, tiene 28 comunidades, su clima y altitud varían desde el altiplano hasta el valle húmedo, entre 3.952 y 3.459 metros sobre el nivel del mar. Y en todos sus rincones, los pobladores muestran en común el anhelo por un servicio constante de agua potable.
Desde pozos, ríos o acequias la gente acarrea agua por largas distancias; algunas familias se enfrentan y hasta llegan a agredirse por lo poco que queda; en algunos sitios la bombean desde ojos de agua; con más suerte, algunos cuentan con vertientes en sus propiedades o en lugares cercanos y se dedican al cultivo, y están quienes explotan la “mina de oro”, ya que viven de los atractivos turísticos que ofrecen los lagos de este municipio.
Hugo Quispe es uno de ellos. Trabaja desde hace 40 años en torno a las lagunas Pacajes y Charani. Los feriados y fines de semana, ofrece sus servicios como fotógrafo a los visitantes que llegan principalmente de las ciudades de El Alto y La Paz. Él y cientos de personas agrupadas en siete organizaciones, viven del turismo que llega a estos espejos de agua.
La actividad comercial de este sector, rebosante de movimiento, con alquiler de botes, globos flotantes, caballos, cuadratraks, ofertas comerciales y otros, es completamente opuesta a la árida soledad de la comunidad San Pedro Quillviri del mismo municipio, donde se ve un pozo, en cuyo fondo la tierra quedó seca y agrietada, y donde los pobladores claman por ayuda.
“Cada año que pasa el agua escasea más y entre nosotros nos convertimos en enemigos, ni nuestras autoridades pueden solucionar el conflicto”, dice Paulina Calle, y entre sollozos agrega, “cómo voy a vivir así, tengo enemigos a causa del agua (…) Las amenazas incluso son con cuchillos hacia nosotros, a mis hijos y hasta a mi ganado”.
Tensión
En las viviendas de los casi 23 mil habitantes de Achocalla, según la última proyección poblacional de 2017, es normal ver turriles, baldes y otros recipientes donde la gente carga el agua, la guarda y distribuye para aplacar la sed de personas, animales y cultivos.
Las autoridades reconocen que el problema por la falta de provisión constante suma reclamos desde hace años. La directora de Desarrollo Ecológico y Productivo del municipio, Susy Limachi, señala que la situación se agudiza con el cambio climático, la tala de árboles, las quemas y el mal manejo de los residuos sólidos. Para esta gestión, asegura que se programaron actividades de reforestación, campañas de limpieza y concientización para el cuidado de afluentes.
Los pobladores de las áreas urbanas y rurales tuvieron que adaptarse a vivir con estas limitaciones y aprovechar la poca agua que llega a sus hogares o regiones.
Layuri es una de las comunidades altiplánicas donde las cañerías proveen agua clorada sólo dos o tres horas al día. Para ello, el Comité del Agua se encarga de bombearla y los comunarios pagan 5 bolivianos al mes, aunque haya días en que no sale ni una gota de sus grifos. Ahí mismo, una pileta antigua distribuye agua no potable, también por horas, a algunas pilas públicas del pueblo, pero no es suficiente. No todas las casas tienen conexión y ninguna tiene alcantarillado. Pozos ciegos y un río casi seco solucionan esta otra demanda creciente.
En Taucachi, en cambio, el agua sólo se obtiene de pozos. “Nosotros queremos ayuda porque así vivimos tristes. Nuestro colegio también está sin agua”, cuenta Casimiro Quiñajo Gutiérrez.
En el centro urbano de Achocalla, el agua también llega sólo por un par de horas. En este caso, el problema tiene que ver principalmente con el crecimiento urbano. En la parte superior del cantón, el estatal Fondo Indígena, cuando era Fondioc, ejecutó un proyecto para el “mejoramiento de riego”, el cual terminó como un negocio privado, ya que un grupo de personas se apropió del terreno y ahora cobra por conexión de agua y por otros servicios, según reclaman los vecinos.
“475.000 bolivianos les habían entregado para este proyecto, pero solo han hecho dos tanques que hoy están sirviendo para lavar autos. También estarían lucrando, vendiendo agua de uso familiar, cobrando de 300 dólares para adelante”, denuncia el presidente de la zona Pucarani, José Cuentas.
En esta creciente ciudad es normal ver a la gente cargar baldes por sus calles. “Hemos pedido que Epsas (Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento) entre por zonas. Pero han informado que algunas comunidades no están de acuerdo, porque no quieren que los ojos de agua pasen a Epsas”, señala Cuentas.
Pese al panorama, Limachi asegura que se busca la interconexión con esta empresa estatal. “En el convenio está el crear nuevos pozos, nuevas captaciones. Son unos 55 millones (de bolivianos) que se invertirá esta gestión para la atención del agua”.
Espacios privados
Por su ubicación, entre la populosa El Alto y la zona Sur —el sector más elitista de La Paz—, Achocalla creció y se urbanizó rápidamente. Las familias que habitaban las laderas con el tiempo dividieron sus terrenos entre sus hijos, ellos levantaron murallas y así se restringió el acceso público a muchos ojos de agua. La situación incluso impidió que se ejecuten obras para la dotación de este servicio. Hoy, un proyecto de ley podría obligar a los dueños de estos terrenos a abrir el acceso a los cauces. En el concejo municipal confirmaron que se analiza el documento, aunque aún no lo dieron a conocer.
“En la hoyada hay bastantes ojos de agua, pero no hay manejo adecuado. No tenemos una resolución, reglamento o leyes que protejan los ojos de agua y los pasos de servidumbre”, afirma la responsable de la Secretaría Municipal de Desarrollo Ecológico Productivo de la Alcaldía, Gladys Mamani.
Según el artículo 20 de la Constitución Política del Estado boliviano, “el agua y alcantarillado constituyen derechos humanos y no son objeto de concesión ni privatización”, y toda persona “tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado”, entre otros.
Aguas sucias
La falta de alcantarillado también agudiza el problema del agua en Achocalla, ya que los líquidos residuales desembocan muchas veces en los cauces naturales.
En el área rural, la gente cuenta que aprovecha sitios al aire libre, va a los ríos secos o cava pozos sépticos en sus terrenos; en el área urbana, donde la mayoría carece de alcantarillado, muchas de estas aguas se filtran, con o sin intención, y llegan a las acequias que alimentan las lagunas. En ellas, aún hoy se ve algunos peces y habitan varias especies de aves, pero la gente del lugar sabe o intuye que esto puede cambiar.
“Un tiempo los boteros hemos ido con toda la base a tapar (los desagües), hemos tocado puertas. Hay tres acequias que llenan el lago, ahí meten todo. La Alcaldía les ha obligado a que hagan sus pozos sépticos”, comenta Juana Quispe, dirigente de los boteros. Sin embargo, el problema aún es evidente, como se comprobó en un recorrido en torno a ambas lagunas, donde silenciosas corrientes negras, escondidas bajo basura o maleza, descienden para unirse a sus aguas.
Así como hay un área mejorada con servicios y atractivos para los turistas, hay sectores lejanos descuidados, donde las algas ganaron terreno y hasta se ve varios botes abandonados, quebrados o hundidos, bordeados por basura.
En el lugar se siente la falta de alcantarillado. Hay baños públicos que cuentan con conexiones de vertientes y usan pozos sépticos, y por la afluencia de visitantes estos se deben desagotar o vaciar cada dos semanas, por 400 bolivianos una cisterna succiona estos residuos líquidos.
José Cuentas relata que su zona impulsó la creación de la única cámara séptica de la zona central, la cual ya es insuficiente ante la demanda de conexiones, incluso un sector reventó y hoy parte de esas aguas servidas llegan a un río. “Según la Ley del medioambiente (1.333) no podemos dañar las aguas de río. Estamos pidiendo a la Alcaldía que amplíe nuestro pozo”, dice.
El presidente de la Asociación de Vivanderos Villa Rosario, Gonzalo Condori, concuerda con que “el alcantarillado es un gran problema. Como asociación tenemos el nuestro listo, pero hay que conectar a la matriz. Estamos pidiendo un tanque y todas las aguas sucias se van a ir ahí”.
Con burro-cisterna
A medida que las poblaciones crecieron, las casas también se alejaron de los pozos o vertientes. Esto es más evidente en el área rural. Y cuando se pregunta a la gente cómo se abastece de agua, es también común oír “usamos el burro cisterna”, un término que ya forma parte de los comunarios del sector altiplánico de Achocalla.
Juan Germán Calle, de Taucachi, comenta: “no contamos con agua potable, peor alcantarillado… Nosotros queremos tener el agua, en burro-cisterna nos llevamos para consumo”.
No todas las familias cuentan con este “sistema de carga”, muchos acarrean baldes o bidones hasta sus casas, algunos se presta el burro-cisterna de un vecino y son contados los que usan “auto-cisterna”. “Para tomar, nosotros llevamos el agua en burrito o en carretilla”, afirma el vecino Casimiro Quiñajo Gutiérrez.
En San Pedro Quillviri, sin embargo, ningún sistema aplaca la necesidad de agua. Aunque tengan burros o carros, los pozos secos no regalan ni una gota del preciado líquido. Por eso se espera octubre, que es la época en que el 75 por ciento de la población sale a sembrar papa, según una investigación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). También se siembra avena, haba y otros productos. Es el mes en que llega la lluvia y la mayoría de las familias trabaja en sus parcelas, para consumo propio.
A mano, con ayuda de animales o si es posible con tractor, se abren los surcos en la tierra seca, se arranca la paja brava, se colocan las semillas y se reza porque esta vez la producción sea suficiente para que el único cultivo anual, permita a cada familia seguir dependiendo de estas aguas estacionales.
Sin embargo, desde hace cinco años las precipitaciones no llegan como antes y gran parte de los cultivos no florece. La papa, avena y los otros productos menores se pierden por falta de agua y los lugareños se quejan porque tampoco acceden al seguro agrario, debido a que el municipio no declara el estado de emergencia, según denuncian.
“No solo nosotros sufrimos, también nuestros ganados y por eso le estamos pidiendo al alcalde que atienda esta necesidad”, demanda Felipa Chambi convencida de que, con represas, San Pedro de Quillviri tendría más producción agrícola.
La única opción para sobrevivir ahora es que algún familiar salga a las ciudades en busca de trabajo. La migración no es un tema desconocido entre los comunarios del lugar.
Riesgos en la salud
Los últimos dos años, además, la necesidad de higiene por la pandemia del Covid-19 marcó con más fuerza la carencia del líquido, en especial en colegios y centros médicos.
La doctora Teresa Yujra, responsable del Centro de Salud Layuri, reconoce los riesgos de no contar con agua permanente para evitar enfermedades y para la atención de pacientes. “No tenemos abastecimiento, se nos corta, y en un centro de salud no debería faltar agua que es lo más primordial”.
Por fortuna, ahí no son comunes los casos de coronavirus, pero sí los derivados de la falta de agua potable o de higiene. En este centro se registra entre cinco y seis casos de diarrea cada semana, en especial en niños. “Atendemos 10 comunidades y en ninguna de ellas abastecen de agua. Los menores de cinco años son los que más tienen ese problema, también los adultos mayores, porque el agua es elemental para lavar el alimento, para la higiene personal”.
El centro cuenta con dos tanques de agua, uno que a diario carga lo que puede durante las dos horas de provisión comunitaria, y el otro, que hay que llenar a mano para que los pacientes o visitantes se laven las manos, para cumplir los protocolos de limpieza. Sin embargo, ambos están vacíos la mayor parte del tiempo.
En los colegios el panorama es igual. Los lavamanos están secos, los turriles de pesticidas reutilizados están mayormente vacíos, y los baños se limpian esporádicamente, cuando ya no queda ningún estudiante para usarlos.
El tesoro
El problema es amplio y requiere múltiples acciones. “Estamos implementando proyectos como la cosecha de agua, porque sufren sequías en el sector Altiplano. Estamos proyectando tanques de 5.000 litros y reforestando”, señala Gladys Mamani. En cuanto a las aguas residuales, manifiesta que una opción son los baños ecológicos y que para el área urbana se prevé proyectos de alcantarillado. Sin embargo no se detallan plazos o tiempos de ejecución para estos proyectos.
El subalcalde del cantón Asunta Quillviri, Juan Camargo, dice que se planea visitar a autoridades del Gobierno para pedir ayuda. “Las tres maquinarías no sustentan al municipio y quisiéramos que el Viceministerio o la Gobernación nos presten su maquinaría para hacer las kotañas (excavaciones o atajados para reservorios) y la apertura de agua potable, porque sin agua no podemos vivir”.
“El agua es vida”, sentencia también la doctora Yujra ante la carencia en el Altiplano, mientras que, en su bote, sin dejar de remar, Hugo Quispe coincide: “Si no hay laguna, no hay nada… de otras comunidades nos tienen envidia, ustedes tienen mina de oro”, nos dicen.
