Christian Jiménez Kanahuaty
Las posibilidades teóricas y políticas que nacen en Bolivia tras más de 50 días de bloqueos y manifestaciones, son múltiples. En esta oportunidad sólo referiré sobre las posibilidades políticas. Las teóricas por sus alcances y grado de profundidad, serán tratadas en el siguiente artículo.
Hay que pensar la realidad boliviana al interior de una continuidad histórica. Los acontecimientos tanto, huelgas, bloqueos, marchas y manifestaciones, ocurren en la coyuntura presente, pero se presentan dentro de la trayectoria de la historia particular de las luchas, huelgas, manifestaciones, bloqueos que en Bolivia se han desarrollarlo ya sea para recuperar la democracia, para pedir fondos agrarios, para demandar la convocatoria a una Asamblea Constituyente o la renuncia de un presidente.
Esa historia general de la acción colectiva nacional influye en las decisiones políticas sobre el modo en que se construye, por un lado, la democracia representativa y participativa, y diagnosticando que aquella es insuficiente, nace la democracia intercultural que perfecciona el horizonte social de la democracia para establecer un nuevo reconocimiento identitario a poblaciones que no han estado en la historia del país al interior de los procesos de toma de decisiones gubernamentales.
Junto a esta historia existe una más, que establece la narrativa sobre la construcción del Estado. Por un lado, Bolivia nace a partir de una arquitectura institucional que no sólo delimita los tres poderes del Estado, sino que además crea instituciones y políticas públicas, que van desde la ferroviaria, educativa, sanitaria, económica y de seguridad. Esta arquitectura institucional, tras consolidarse, empieza a perfeccionarse. Primero para lograr que el Estado esté más cerca de la población y luego para que sus propias instituciones representen mejor a la sociedad de la cual son parte.
Cuando esto sucede empieza a componerse un Estado con niveles diferentes de administración territorial, desde prefecturas, hoy gobernaciones, hasta los cantones. Esta división territorial funciona al interior de un programa nacional de desarrollo y de superación de las desigualdades a través de políticas públicas como el voto universal, educación universal, reforma del ejército, bonos, asistencia social, y esto repercute en la manera en que el Estado logrará integrar el territorio a través de caminos y transporte.
Sin embargo, esta administración territorial también tiene que ver con una regulación sobre las poblaciones. Es entonces cuando se reconocen las múltiples identidades de la cultura boliviana. Las dinámicas sociales que se mantienen tras la colonia y los sectores y poblaciones que culturalmente tienen sus propias formas de organización y administración a partir de autoridades propias.
Bajo este esquema reconocemos, entonces, que el Estado no se construye solamente por medios de vías institucionales, sino que también el Estado se construye desde la cultura. Ambas formas se sintetizan en periodos de tiempo muy concretos y son los que propician los cambios profundos en un Estado.
En la historia de Bolivia esto ha sucedido en contadas oportunidades y el Estado boliviano del presente es el resultado de esa acumulación histórica que tiene un pilar en lo arquitectónico institucional y otro en la cultura.
Hoy, Bolivia tras más de 50 días de bloqueos, marchas, cabildos, huelgas y conflictos, se enfrenta a una cuestión que se prefiguró en la contienda electoral. Los últimos 20 años han cambiado la forma en que desde la sociedad se percibe al Estado y luego, las propias organizaciones sociales han cambiado en estos 20 años.
Si a principios de siglo XXI se comportaban de forma reactiva frente a los planteamientos estatales, a partir de 2006, ingresaron de diversas formas a la construcción directa del Estado. Por medio de representantes, de establecer un diálogo más horizontal con las instituciones del Estado y porque a nivel de identidad el Estado reconocía las formas culturales de construcción del Estado cualificándolas positivamente para enunciar que el Estado boliviano había logrado transitar desde una etapa republicana a una plurinacional.
Esto generó un pluralismo jurídico, una democracia intercultural, un sistema educativo también múltiple y una economía mixta y plural, para terminar construyendo un modelo de desarrollo: el del Vivir Bien, que era la aglutinación de todas estas facetas de pluralismo estatal.
Esta construcción estatal generó muchos modelos de relacionamiento entre Estado y sociedad civil y entre Estado y movimientos y organizaciones sociales. La potencia popular y de acción colectiva de las organizaciones y de los movimientos sociales era tal que el Estado entendió que ellos como nuevos actores centrales de la política en Bolivia daban otro tipo de legitimidad al Estado y al gobierno.
En la actualidad, tras 50 días de bloqueos, las organizaciones enfrentan una aparente crisis de identidad con respecto a una suerte de evaluación que concluye que las movilizaciones fueron un fracaso.
Esto no es así. En primer lugar, porque las movilizaciones no miden sus resultados según lo que se conquista o lo que se pierde. Su resultado está en la capacidad de convocatoria y en la posibilidad de generar un proyecto alternativo de país.
En segundo lugar, porque la narrativa del fracaso o de la victoria está bien para un partido de fútbol o para una apuesta. No para entender la sociedad. Y mucho menos para entender la dinámica de las organizaciones sociales, porque ellas también se encuentran en un proceso de readecuación de su horizonte político.
El actual gobierno las ha desplazado del campo político y al sentirse fuera de la arena política donde se toman decisiones, abordan las calles, carreteras y plazas para desde ahí deliberar. Deliberar para ingresar de nuevo a los procesos de toma de decisiones. Con esto hay una claridad sobre dónde quieren estar. Aunque de momento, la claridad sobre lo que proponen al país no esté totalmente realizada ni como proyecto ni como discurso.
Y esto no es necesariamente algo malo o que contradiga la historia individual de cada organización y movimiento, sino que tiene que ver con los resultados y consecuencias de 20 años de gobierno donde también las organizaciones empezaron de a poco a sufrir determinadas crisis en su actividad.
Se perfiló tres posibilidades cuando en 2006 ellas tuvieron notoriedad en el campo político. Acompañar al gobierno desde una perspectiva crítica, es decir, desde fuera del Estado, pero con apoyo organizativo. Por otro lado, se postuló que mejor era ingresar al Estado y gestionarlo desde dentro. Y finalmente, se pensó que las organizaciones debían estar lejos del Estado porque su rol era fiscalizar, controlar y tener autonomía de decisión y acción frente al Estado.
Estas tres dinámicas aún están presentes en las organizaciones. Y es esto lo que deben resolver para interactuar mejor entre ellas y luego con el Estado y después con el gobierno. Así que no es ninguna derrota, sino una oportunidad para reconducir la energía social interna de las organizaciones y sí reconocer que lo que de verdad falta es un nuevo asesoramiento en las organizaciones.
Uno que indique desde una perspectiva histórica lo que se tiene como horizonte político de aquí en adelante y configure diversos tipos de escenarios de construcción de políticas públicas, de comunicación con el gobierno y de propuesta de cambio estatal. Estas tres acciones concretas son determinantes para convertir las organizaciones y movimientos del pasado en actores concretos y autodeterminados en el presente.
Ahora bien, con respecto al Estado, hay que establecer que tampoco es una victoria completa ni una derrota mediana para el Estado ni para el gobierno, porque en principio, el Estado plurinacional, no puede ser autoridad sin contar con la mediación de la cultura. Es decir, sin la posibilidad de que organizaciones, movimientos y sectores de la sociedad civil interactúen con él, de forma más eficiente e inmediata.
La burocracia estatal debe crear mecanismos veloces para resolver demandas y satisfacer necesidades básicas de forma inmediata. La limitación para estos, claramente son los recursos, pero la política no es sólo gestión de economía, sino administración de valores, principios y reglas de juego. Sobre esa base se puede ampliar el horizonte estatal y de decisiones y construcción del Estado mientras se supere la crisis económica.
A nivel de gobierno, sin embargo, la evaluación debe ser la siguiente: Bolivia no es la misma que aquella de la década de los 90s. Tampoco es la misma que hace 20 años. No se puede gobernar sin las organizaciones y movimientos sociales. El gobierno tampoco puede operar sobre la base de la crisis económica como gran argumento para decidir lo que puedo o no puede hacer. Las limitaciones son más del campo de la imaginación que del terreno de los recursos.
Por ello el gobierno tampoco es que lograra una plena victoria en este conflicto. Lo que ganó fue tiempo, porque nada dice que los conflictos no vayan a volver a presentarse y cuando lo hagan será sobre las bases de la acumulación de los más de 50 días de conflicto.
Esto implica para el gobierno agilizar las transformaciones económicas necesarias para reencausar el aparato productivo del Estado. Además de ello, para el gobierno también toca la tarea de aprender a leer la realidad tal como es y no tal como desearía que fuera. Porque a pesar de los partidos en función de gobierno, el Estado tiene memoria, y esa memoria institucional y jurídica son las reglas y normativas constitucionales levantadas en la Asamblea Constituyente y son el mapa sobre el cual la sociedad y el gobierno pueden desplegar sus acciones.
Entonces, pensar en lo que se puede hacer tiene sentido en el marco de una Constitución concreta y en lugar de pensar que ella es una limitación; mejor sería verificar que la Constitución puede ser un punto de partida y una oportunidad, porque la condición del pluralismo jurídico, la dinámica de la economía mixta y plural junto con instituciones que desde la republica funcionan de ese modo, es una ventaja. No se estaría proyectando el trabajo sobre un vacío ni cultural ni político.
Hay un aprendizaje y un margen de acción mucho mayor que el imaginado. Lo malo es que el gobierno no ha entendido todavía sobre qué tipo de Estado está gobernando. Intenta forzar la historia desconociendo la potencia política y cultural de la plurinacionalidad. Que, a pesar de errores y contradicciones, fue el resultado de un proceso histórico que tuvo su momento de cristalización en la Asamblea Constituyente, pero su trasfondo histórico se encuentra tan lejos como la propia fundación o momentos tan importantes como la guerra federal, la guerra del chaco, la revolución nacional de 1952 o todo el ciclo de movilizaciones indígena-campesinas iniciado en abril de 2000 en Cochabamba.
Con lo cual, lo que queda como saldo de los conflictos es una oportunidad y no una ruptura del orden constitucional ni una derrota para organizaciones y movimientos sociales. Lo que queda es la posibilidad de ver el Estado que se tiene, su situación y el rol de las organizaciones y movimientos en esa construcción económica que es lo pendiente.
Hacerlo desde la perspectiva de un nuevo comienzo implica darle valor a la vida, a la fuerza productiva inmediata de los pequeños productores, artistas, artesanos y emprendedores; reconocer la vitalidad de las instituciones educativas que han continuado desarrollando sus labores en la contingencia, y así, entender que el Estado es una construcción permanente, para reconocer definitivamente que la cultura es una potencia que cualifica al Estado y determina canales de apertura para el gobierno.
Y finalmente, establecer un nuevo pacto social a partir de los conflictos es también una tarea determinante que implica pensar un proyecto de país sobre las bases que se tienen. Porque siempre se dijo que se necesitaban al menos dos o tres generaciones para ver los resultados positivos del Estado plurinacional. Y siempre se afirmó que no sería fácil, pero la única manera de despejar el camino y no detenerse para volver a empezar de cero es generar acuerdos mínimos sobre las bases que debe tener un Estado: educación, un sólido modelo económico, un aparato productivo fuerte y generador de empleo y un mercado laboral lo suficientemente amplio como para gestionar y organizar la vida social de todos los profesionales que año con año salen de las universidades e institutos técnicos y empresariales.
