Cada 23 de abril, mientras el mundo celebra el Día Internacional del Libro, Bolivia se enfrenta a una verdad incómoda. Multiplicó sus ferias, amplió sus calendarios culturales y convirtió al libro en un motivo visible de celebración, pero todavía no logra que la lectura se instale como un hábito profundo, cotidiano y sostenido. La fecha, que debería funcionar como un punto de inflexión en la formación de ciudadanía y pensamiento crítico, se mueve entre el entusiasmo y la superficialidad, sin terminar de transformar la relación real de la sociedad con los libros.
Establecido como Día Internacional del Libro por la UNESCO en 1995 y vinculado a la muerte de Miguel de Cervantes y William Shakespeare, el 23 de abril no es una efeméride decorativa, es una invitación global a pensar el libro como herramienta de acceso al conocimiento y como base de la vida democrática. Sin embargo, en el país, esta conmemoración pasa con escasa consistencia pública y no logra instalarse como un momento de reflexión colectiva ni como un impulso efectivo hacia la lectura. Se recuerda la fecha, pero no necesariamente se transforma en práctica sostenida.
En ese desfase entre lo que se celebra y lo que se practica, las ferias del libro ocupan un lugar central. En las últimas décadas, Bolivia experimentó un crecimiento sostenido de estos espacios. La Feria Internacional del Libro de La Paz nació en 1996; la de Santa Cruz arrancó en 1999; Cochabamba consolidó sus jornadas del libro desde 2007 y Tarija institucionalizó su feria mediante la Ley Departamental N.° 045/2012. A esto se suman experiencias más recientes, como la Feria Internacional del Libro de El Alto, cuya primera versión se inauguró en 2024, además de diversas iniciativas regionales que muestran un circuito cultural más amplio que el de hace veinte años.
Este desarrollo no es menor porque las ferias cumplen una función que va más allá de lo simbólico y sostienen una economía cultural concreta donde editoriales, librerías, imprentas, autores y gestores encuentran una plataforma de circulación y de ingresos. Asistir a una feria del libro implica participar de un mercado activo donde el libro también es un bien económico que permite la continuidad del trabajo creativo. En ese sentido, estos espacios logran visibilizar al libro en la vida pública de una manera que el 23 de abril, por sí solo, no alcanza.
Sin embargo, ese dinamismo convive con tensiones que no se resuelven. El peso de los libros importados domina en muchos casos la oferta y la demanda, aun cuando sus precios resultan elevados y deja en evidencia las limitaciones de la producción nacional. Al mismo tiempo, el flujo de visitantes no siempre se traduce en lectores. La feria convoca, pero no necesariamente forma, atrae, ni construye permanencia lo que significa que Bolivia levanta vitrinas cada vez más visibles, pero aún no consolida una cultura lectora que se extienda más allá del evento.
Ahí es donde la discusión sobre la lectura deja de ser abstracta y adquiere una dimensión estructural. El problema no solo radica en la falta de actividades, sino en la ausencia de políticas educativas consistentes que fomenten el vínculo sostenido con el libro impreso, incluso en plena era digital donde la lectura tiende a fragmentarse y dispersarse. Sin esa base, el contacto con los textos pierde continuidad y profundidad y cuando ese lazo se debilita, las consecuencias se hacen visibles incluso en espacios que deberían resguardar el valor del conocimiento.
El episodio de 2023 sobre el plagio en materiales escolares no puede leerse como una anécdota menor pues expone una fisura profunda en el respeto por la creación intelectual dentro de un contexto donde leer no es todavía una práctica arraigada. La forma en que se gestionó ese conflicto agravó la situación porque se intentó minimizar lo ocurrido, diluir responsabilidades y cerrar el tema sin una rendición de cuentas ejemplar. En un país donde el derecho de autor ya enfrenta debilidades, este tipo de respuestas reforzó una señal preocupante, copiar puede salir barato y la responsabilidad puede diluirse… así la piratería y la informalidad encuentran en estos vacíos un terreno fértil.
En esa misma línea, el caso de Sucre aparece como una señal de oportunidad desaprovechada. La cancelación de su Feria Internacional del Libro en pleno Bicentenario de la República no fue un hecho menor porque supuso la pérdida de una posibilidad estratégica para consolidar a la capital constitucional como un eje cultural sostenido. En una ciudad con un peso histórico indiscutible, la feria pudo proyectarse como un punto de articulación nacional e internacional y reforzar no solo el calendario cultural, sino también el hábito lector en una dimensión más amplia.
Todo esto devuelve la mirada al 23 de abril y a su sentido más exigente. Mientras las ferias crecen, los problemas estructurales persisten y es en esos espacios donde también aparece un componente de pose cultural, asistir responde muchas veces más a una lógica de presencia social que a un interés real por la lectura. Aun así, ese mismo flujo genera movimiento económico y acerca el libro a nuevos públicos, aunque ese contacto no siempre logra convertirse en una práctica sostenida, sobre todo cuando el alto precio y la desigualdad en el acceso limitan la continuidad.
Entre ferias en expansión y una visible pose cultural, Bolivia proyecta una imagen de país lector que todavía no se sostiene en la práctica, donde incluso el 23 de abril pasa sin arraigo real y la lectura sigue siendo débil. Sin embargo, ese mismo movimiento, con su alcance económico, su capacidad de convocatoria y su presencia creciente, deja abierta la posibilidad concreta de que el libro deje de ser solo vitrina y ocasión social y empiece a afirmarse, desde la educación y el acceso, como una práctica cotidiana capaz de transformar esa imagen en una realidad más sólida y duradera.
