Silvana Daniela Rodriguez Poma
Bolivia cerró 2025 con un panorama ambiental crítico. La minería ilegal avanzó sobre ríos, territorios indígenas y áreas protegidas sin control estatal, mientras los pueblos originarios denunciaron su exclusión del Plan de Acción Nacional para la reducción del uso de mercurio en la minería aurífera, elaborado por el gobierno saliente de Luis Arce y actualmente pausado por la administración de Rodrigo Paz. El nuevo presidente no presentó propuestas ambientales de fondo y este año siguen vigentes las llamadas “normas incendiarias”, que permiten la deforestación y los incendios de gran magnitud. La exploración petrolera en reservas y zonas cercanas avanzó sin consultas a pueblos indígenas ni estudios ambientales, y la actividad del litio quedó paralizada tras incumplimientos ambientales en contratos con empresas de China y Rusia. Bolivia está cerca de convertirse en el país con más bosque deforestado del mundo. Según reportes de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch, la pérdida de bosque primario en 2024 se disparó un 200 %, alcanzando 1.8 millones de hectáreas, de las cuales un 81 % era bosque primario. Más de la mitad se debió a incendios provocados para despejar tierras para soja, ganado y caña de azúcar.
La minería ilegal avanzó sin control en 2025, aprovechando la crisis de combustibles. Según Álex Villca, vocero de CONTIOCAP, este crecimiento desmedido afectó gravemente a la salud de las comunidades indígenas, especialmente en la cuenca de los ríos Beni y Madre de Dios. En el pueblo Esse Ejja, nueve de cada diez mujeres presentaron altos niveles de mercurio en su organismo, según un estudio de la Universidad de Cartagena de Colombia, generando enfermedades que antes no existían. El investigador Alfredo Zaconeta del CEDLA, señaló que la expansión de la frontera minera continuó con violencia y avasallamientos, mientras que el abogado Jaime Cuéllar confirmó que la presión extractiva superó la capacidad del Estado para prevenir y mitigar daños, con impactos directos sobre la calidad del agua y la pérdida de cobertura forestal. Inundaciones afectaron municipios mineros del norte de La Paz, como Tipuani, Guanay y Mapiri, provocadas por la alteración del cauce de ríos debido a la minería ilegal. El alcalde de Tipuani, Fernando Vera, advirtió que si la actividad sigue al mismo ritmo, su municipio podría desaparecer en tres años.
El gobierno de Paz disolvió el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, fusionándolo con el de Planificación del Desarrollo bajo la dirección de Fernando Romero, y trasladó la oficina de proyectos hídricos al Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, liderado por Óscar Justiniano. La diputada Cecilia Requena señaló que esta reducción jerárquica debilita la capacidad de proteger ecosistemas y regular actividades extractivas. Para activistas como Norka Paz, la decisión perpetúa un modelo de despojo y mercantilización del patrimonio natural. La deforestación se concentró en Santa Cruz, con 1.3 millones de hectáreas perdidas, de las cuales el 59 % fueron incendios; en Beni, 348.000 hectáreas, y en La Paz, 83.000 hectáreas, más del doble que el año anterior. Desde 1956, Bolivia ha perdido el 13 % de su bosque original, y un 61 % de esa pérdida ocurrió en los últimos 23 años, siendo Santa Cruz responsable del 79 % del total nacional, según la FAN. Las normas incendiarias, aprobadas entre 2006 y 2019, favorecen la expansión agrícola hacia la Chiquitania y Beni, incrementando los incendios y la transformación de bosques en tierras agrícolas.
En hidrocarburos, dos pozos estratigráficos, Tomachi X1 y X2, iniciaron operaciones en la cuenca del río Madre de Dios sin consulta previa a comunidades indígenas, violando el Convenio 169 de la OIT, lo que alertó sobre riesgos ambientales y sociales, incluyendo tala, caza y minería ilícita. Bolivia posee los mayores recursos de litio del mundo, pero los contratos firmados por el gobierno anterior con un consorcio chino y la empresa rusa Uranium One quedaron paralizados tras audiencias cautelares, ante la falta de aprobación legislativa y estudios ambientales, según Fátima Monasterio de la Fundación Solón. Una victoria ambiental destacable fue la sentencia del Tribunal Agroambiental del 23 de abril de 2025, que ordenó la protección del jaguar y su hábitat, con medidas en aeropuertos, fronteras y terminales de buses, así como protección a defensores ambientales. La demanda fue presentada por la exdiputada María René Álvarez, tras denuncias de caza ilegal en el AMNI San Matías. La empresa argentina Caza & Safaris ofrecía paquetes de hasta 50.000 dólares para cazar jaguares; su dueño cumple detención domiciliaria en Argentina.
La crisis ambiental boliviana se vuelve más clara al compararla con sus vecinos amazónicos. En Brasil, entre agosto de 2024 y julio de 2025 se deforestaron 5.796 km², lo que representa una reducción del 11 % respecto al año anterior. Aunque sigue liderando en volumen absoluto de pérdida forestal, las políticas de control han logrado una reducción acumulada del 50 % desde 2022. En Perú, entre 2001 y 2024 se perdieron 3.2 millones de hectáreas de bosque húmedo amazónico, con una deforestación anual reciente de entre 125.000 y 303.000 hectáreas, principalmente por agricultura, ganadería y minería aurífera ilegal en Ucayali, Madre de Dios y Loreto. Bolivia, con 1.8 millones de hectáreas perdidas en 2024, un aumento del 200 %, se acerca a ser el país con mayor deforestación proporcional del mundo. La combinación de incendios agrícolas, minería ilegal y normas permisivas coloca al país en una situación más crítica que la de sus vecinos.
En conjunto, en 2025 se pudo evidenciar la expansión de la minería ilegal, la paralización de proyectos estratégicos como el litio, el debilitamiento institucional ambiental y la persistencia de la deforestación. La comparación regional confirma que Bolivia atraviesa una crisis más aguda que la de sus vecinos amazónicos, mientras avances judiciales como la protección del jaguar representan pasos aislados en un contexto crítico para los ecosistemas del país.
