Un reportaje de prensa publicado en Página Siete el pasado 2 de junio, da cuenta que la nacionalización le costó ya al Estado boliviano al menos 908 millones de dólares, y en el peor de los casos, la cifra ascendería a los 1.639,7 millones de dólares, si se tienen en cuenta eventuales laudos desfavorables en las disputas con South American Silver, Glencore, Jindal Steel Bolivia y AIR BP.
Con enorme fanfarrea el Gobierno boliviano “celebró” años atrás la denuncia – esto es, en términos coloquiales, el retiro – del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales y otros Estados, que crea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). No obstante, y para pesar de la recientemente creada Procuraduría General del Estado boliviano, la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Internacional de París, resolvió en agosto de 2014 el pago de 22,5 millones de dólares a favor de Jindal Steel Bolivia, que incluye 18 millones de dólares por la ejecución de primera boleta de garantía y 4,5 millones por intereses, amén de una nueva demanda de la empresa india a raíz de la ejecución de una segunda boleta por otros 18 millones de dólares. Cito expresamente la disputa y resolución acaecida en Francia con la antedicha multinacional asiática, porque uno de los “grandes estandartes ideológicos” de la Revolución Democrática y Cultural, era justamente el supuesto papel desentendido del derecho por parte del CIADI. En efecto, con carácter previo a la denuncia anotada se celebraron seminarios internacionales con la participación de intelectuales de la izquierda política continental, y hasta el propio presidente Evo Morales lanzó sendos dardos contra esta institución del Banco Mundial.
El gasto público generado por el Estado boliviano sobreviniente de disputas contra las empresas multinacionales se multiplican a raudales, pero existen interrogantes que dejan margen a investigaciones profundas en términos políticos, económicos y jurídicos: ¿convino a las arcas del Estado el desembolso de casi mil millones de dólares hasta la fecha?; ¿la así llamada nacionalización, no es una forma “encubierta” de gasto público sin suficientes controles políticos, sociales y técnicos transparentes?; ¿en qué condiciones reales se negocian los acuerdos transaccionales frente a las disputas acaecidas?; ¿cuáles son los mecanismos de pago a las multinacionales y quién (es) dirige (n) las negociaciones?.
Pero también conviene recordar que fue la tan vapuleada capitalización durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, la que atrajo favorablemente una buena parte de los inversionistas al país, que hoy – de manera paradójica en un régimen que se define anticapitalista – son socios, se encuentran en disputas, piden costas e indemnizaciones, o llegan a acuerdos transaccionales. La verdad de todo esto se halla en el sistema económico de libre mercado. Mientras Sánchez de Lozada permitió la venida de inversionistas extranjeros a fin de generar un crecimiento de la economía nacional; Morales Ayma pretende un mayor control sobre ellos bajo imprevisibles consecuencias.
