En días pasados el Tribunal Electoral ha propiciado la denominada III Cumbre por la Democracia, que ha reunido a los órganos de poder, partidos, jefes y representantes políticos y ha concluido con la aprobación de quince compromisos.
En el lenguaje coloquial se ha dicho que la cumbre era necesaria para blindar el proceso electoral de este año, que, evidentemente, está en peligro y requiere de protección frente a los ataques a los que está sometido.
Pero ¿quiénes atacan y ponen en peligro al proceso electoral? El documento, esta dirigido a los autores de la agresión a la democracia y por ende al proceso electoral pero no se toman medidas en contra de los directos responsables.
Los primeros compromisos son un pedido lastimero del Tribunal Electoral, invocando de los órganos legislativo y ejecutivo los dejen cumplir sus funciones sin injerencias y con ese propósito, dicen “…es fundamental velar por el respeto pleno al principio de preclusión” que debe ser garantizado mediante la aprobación de una ley en el parlamento, no le asignan ningún valor a lo prescrito en la Ley 026 de 30 de junio de 2010, que en su artículo 2° inc. k) prescribe “Preclusión. Las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, no se revisarán ni se repetirán”, disposición que es de cumplimiento obligatorio.
Suponen los vocales del Tribunal Electoral que el incumplimiento de un mandato normativo será frenado por una nueva norma que diga más de lo mismo, se ilusionan pensando que después de haberse reunido con los magistrados autoprorrogados y realizada la III Cumbre, no se producirán más afectaciones al principio de preclusión, olvidan que quienes dictaron sentencias constitucionales en el pasado poniendo en vilo a la democracia y cuyas consecuencias infames ahora las sufrimos, son los mismos que decidirán en cuanto sean requeridos por el poder político en caso de que sus pretensiones de reproducción sean afectadas.
Acto seguido ingresan al laberinto parlamentario. El órgano ejecutivo se compromete a la provisión de recursos económicos suficientes y oportunos que garanticen las elecciones nacionales, empero esa asignación dependerá de la aprobación de un crédito que esta en curso en el legislativo. Se depositan las esperanzas en la dictadura y en la existencia formal de un parlamento cuyos integrantes hacen equipo en la violación serial a la que esta sistemáticamente sometida la constitución.
El núcleo del documento suscrito es complementado con la solicitud del Tribunal Electoral de que sus vocales sean incorporados en la Ley 044 que regula el régimen y los procedimientos para el juzgamiento de magistrados del sistema judicial, constitucional y el fiscal general, en caso de que cometan delitos en el ejercicio de sus funciones.
Semejante demanda, más que un acto de justicia, expresa los temores de los vocales de que hagan lo que hagan serán sometidos a procesos judiciales, ya sea porque no hay una cohesión en el cumplimiento de la norma entre sus miembros o porque perciben que llevar a cabo procesos electorales en dictadura es una tarea peligrosa.
El resto de los puntos son compromisos asumidos por el Tribunal Electoral, cuyo cumplimiento no depende únicamente de su voluntad individual o corporativa, sino de que la palabra empeñada por los otros órganos sea honrada.
Como se puede observar, el blindaje requerido esta en manos de los poseedores de misiles anti-democráticos, que solo podrán ser desactivados si sus operadores son relevados del control de su espoleta.
El precario proceso electoral se debilita extremadamente con el pedido inconstitucional de una fracción del MAS que pretende habilitar a su candidato a través de actos de fuerza que solo y únicamente podrían ser detenidos por las autoridades estatales activando los mecanismos legales destinados al efecto. Si Evo Morales no es tratado como cualquier ciudadano y sometido a las decisiones del Ministerio Público, las autoridades jurisdiccionales y electorales, la incertidumbre no cesará, máxime si en el Chapare se ha expulsado al estado y han configurado en ese territorio un poder ilegal y excepcional.
La II Cumbre entre los tribunales electoral y constitucional, fue una tomadura de pelo que no mereció la atención suficiente de los actores políticos, en dicho acuerdo el tribunal constitucional se comprometió a cumplir sus funciones procedimentales, como si ellas no estuviesen contenidas en el Código Procesal Constitucional, pero claro no hicieron referencia alguna al principio de preclusión.
Mientras el tribunal constitucional esté en manos de magistrados autoprorrogados obedientes al poder político, golpeando con sus fallos a la democracia, no existe garantía de que el proceso electoral se desarrolle adecuadamente.
Para que esto suceda es necesario que los parlamentarios, al final de su mandato improductivo, se reivindiquen enfrentando al mayor escollo que afecta a la democracia e inicien un juicio de responsabilidades en contra de los magistrados autoprorrogados.
No dudo que la principal objeción será la falta de tiempo, el torpedeo del masismo y que mientras se lo tramita los magistrados autoprorrogados no podrán ser alejados de sus funciones y en reacción se tornen más arbitrarios, es posible, empero esto provocará una demanda social que diga un no a la impunidad y que las fuerzas políticas que los apoyen serán castigadas por los ciudadanos con su voto.
Se ha llegado a un punto tal, en el que se deben correr todos los riesgos y dejar banderas plantadas para que en el futuro no se vuelvan a repetir los latrocinios cometidos desde las esferas estatales y con mayor razón desde aquellas entidades que administran la justicia constitucional.
La política debe ser dignificada otorgando soluciones políticas a los problemas políticos y no transferirlos a los jueces cuya función y labor es otra.
Entonces si quieren blindar el proceso electoral, háganlo contra quienes corresponde.
Sucre, 23 de febrero de 2025
