Sin lugar a dudas, el acto político más trascendental del 2024 fueron los resultados de las elecciones judiciales.
Es importante señalar que la elección judicial mediante voto popular fue una conquista de la sociedad boliviana. Surgió como respuesta al sistema judicial imperante durante el periodo de la democracia pactada, cuando los vocales, magistrados, jueces y demás integrantes del poder judicial eran designados mediante acuerdos entre los partidos políticos.
En ese contexto, las «concertaciones» entre partidos producían una lista de abogados para ocupar los distintos cargos judiciales. Esta lista era presentada al parlamento para su aprobación, un trámite prácticamente automático debido a la mayoría parlamentaria de las fuerzas políticas involucradas. Así, el poder judicial quedaba subordinado al poder político.
Sin embargo, el modelo actual de elección mediante voto popular no ha cambiado sustancialmente esta dinámica. Dado que es el parlamento quien confecciona las listas de candidatos entre los que el ciudadano debe elegir, la influencia política sigue siendo determinante en la composición del poder judicial.
Esto ha generado diversas interpretaciones.
Luis Vásquez, en una postura pragmática, propuso postergar las elecciones judiciales hasta la conformación de un nuevo gobierno. Según él, una nueva correlación de fuerzas permitiría elegir un poder judicial libre de la influencia del MAS. Por otro lado, Tuto Quiroga afirmó que los candidatos eran simplemente distintas tonalidades de «azules». No obstante, esta situación refleja la actual correlación de fuerzas en la sociedad; el MAS no recibió estos resultados como un regalo, sino como consecuencia de su posicionamiento en el escenario social.
Comunidad Ciudadana y CREEMOS impulsaron las elecciones judiciales con el objetivo de restar al gobierno el control del poder judicial. Sin embargo, el oficialismo, mediante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y un Tribunal Supremo Electoral (TSE) subordinado, diseñó una elección parcial que limitó la renovación total del sistema judicial. Esto llevó a contradicciones en Comunidad Ciudadana: mientras Alarcón llamaba a votar nulo, Ricardo Paz, asesor de Carlos Mesa, instaba a votar por candidatos contrarios al MAS.
En política, como en el fútbol, los resultados son lo que importa. Los resultados de estas elecciones judiciales confirmaron el control del poder ejecutivo sobre el poder judicial.
Aunque las elecciones gozaron de alta participación —con un 84,21 % de los más de 6,4 millones de ciudadanos habilitados—, 17 de los 19 electos están alineados, de alguna manera, con el «Proceso de Cambio». Solo dos abogados, Boris Arias y Carlos Ortega, se posicionan como independientes.
Es evidente que el gobierno movilizó su maquinaria, apoyada por empleados públicos y movimientos sociales afines, para orientar la votación hacia determinados candidatos. Como resultado, el poder judicial sigue bajo control del ejecutivo.
El nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) enfrentará un desafío particular: coexistir con los magistrados actuales que extendieron su mandato. El vocal Tahuichi, del TSE, sugirió que las fuerzas políticas deben presionar por la renuncia de estos magistrados «autoprorrogados», permitiendo que el TCP opere exclusivamente con los elegidos en las urnas.
No obstante, este escenario parece difícil de materializar. Históricamente, los integrantes del poder judicial han mostrado una tendencia a someterse al poder ejecutivo. Con pocas excepciones, es probable que los nuevos magistrados perpetúen estas prácticas, donde la prebenda y la corrupción prevalecen en detrimento de los ciudadanos.
Como escribió Giuseppe Tomasi di Lampedusa en El Gatopardo: «Cambiar todo para que nada cambie».
