El megacampo gasífero Incahuasi disputado por las regiones de Santa Cruz y Chuquisaca pertenece, en un 90% a las empresas trasnacionales. El paquete accionario está dividido entre la francesa Total con un 50%, la rusa Gazprom con 20%, la ítalo argentina TECPETROL con 10% y, por último, la subsidiaria boliviana YPFB Chaco con el 10 %, según información oficial difundida por medios nacionales. El agravante es que este enfrentamiento podría afectar la unidad del país en torno al rechazo a la reelección presidencial, cuyo éxito se plasmó el pasado 21 de febrero en un gran paro movilizado.
El caso de Incahuasi tomó relevancia nacional luego de que Gobierno plurinacional, por medio del ministro de la Presidencia Alfredo Rada y el viceministro de Autonomías Hugo Siles, aprobara una resolución administrativa que altera los límites entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, causando una gran confusión y, principalmente, el congelamiento en el cobro de regalías por la explotación de gas, gracias a una determinación de Tribunal Constitucional en espera a definir los límites entre ambos departamentos.
El congelamiento en el pago de regalías, estaría afectando los ingresos de los cruceños, hasta el punto de asfixiarlos, con la consiguiente paralización de obras y el impago de sueldos. La gobernación cruceña, en defensa de sus intereses, inició un proceso judicial a las citadas autoridades, sin embargo las mismas niegan tal extremo y con datos del Ministerio de Economía aseveran que no hay afectación a sus cuentas y motivos para la paralización de la obras.
En esas circunstancias, el problema se circunscribió al tema económico y de límites, que enfrenta a los departamentos hermanos de Santa Cruz y Chuquisaca, que podría ahondarse cuando el gobernador cruceño Rubén Costas asevera “No hay nada que negociar (con Chuquisaca), no vamos a dejar que se apropien de ningún metro, ni de ningún volumen de nuestros recurso”.
En estos días el tema fue crispándose cuando la bancada de parlamentarios cruceños dirigidos por el oficialista MAS, anunció que enjuiciarán a Costas por no defender los intereses cruceños. Además, se suman las movilizaciones regionales al interior de Santa Cruz, como de la provincia Cordillera, que exigen las regalías de Incahuasi pero en el marco de una nueva distribución interna, desmarcándose de la “secante” centralidad de la gobernación dirigida por los Demócratas.
A estos antecedentes se suma la Resolución Ministerial 09/2918 del Ministerio de la Presidencia que ratificaría la posición cruceña respecto a los límites departamentales con Chuquisaca. El documento, de acuerdo a las autoridades cruceñas, será un argumento importantes para descongelar el pago de regalías por el campo gasífero Incahuasi.
Ante la pasividad de la gobernación de Chuquisaca, la Central Obrera Departamental de la región tomó la iniciativa y anuncia movilizaciones desde esta semana para defender su patrimonio. Juan José Bonifaz, de los cívicos chuquisaqueños, según el Correo del Sur, aclara que el gobierno de Evo Morales “se juega por Santa Cruz”. “Ustedes saben que Santa Cruz tiene peso y Chuquisaca ha perdido todo peso, entonces hay que apostar por el fuerte y hay que debilitar más al débil, esa es la política del Gobierno», añadió.
Incahuasi de las petroleras
El problema económico de Santa Cruz y su disputa sobre la delimitación administrativa con Chuquisaca, además de los problemas internos y los virajes gubernamentales en pos de aliarse con los círculos de poder cruceños, encierra una gran verdad sobre la industria gasífera del país que no se la menciona públicamente pero se la conoce.
El disputado megacampo de Incahuasi no es de propiedad de los bolivianos, en un 90 % es de las trasnacionales. Un ciudadano de a pie nos diría “¿pero no que estaba nacionalizada la industria petrolera del país?”. Nosotros le responderíamos que, lamentablemente, está completamente equivocado. Y él con justa razón nos pediría una explicación y es la siguiente.
En realidad en Bolivia no hubo una nacionalización de los hidrocarburos como ocurrió en 1937 o 1969, en octubre de 2006 el gobierno de Evo Morales, sin tomar en cuenta las auditorías petroleras, autorizadas por el Ejecutivo, que denunciaban la nefasta presencia de las petroleras entre 1996 y 2006, firmó nuevos contratos con las trasnacionales perdonándoles un sinfín de irregularidades, incluso muchas de ellas rayaban en el delito.
La propiedad accionaria de Incahuasi revela también que la “política hidrocarburífera” de “Socios y no patrones” tan difundida por el gobierno no es cierta. Nos preguntamos ¿Si una empresa o empresas tienen el 90% de las acciones de un megacampo, es/son socia/s o es/son patrona/s? La respuesta salta a la vista.
No debemos olvidar que cuando se firmaron los contratos con las trasnacionales, el vicepresidente Alvaro García Linera recalcó que las empresas trasnacionales no serían dueñas sino operadoras, es decir, nuestras “empleadas”, que trabajarían para nosotros y sólo les pagaríamos sus gastos de operación. Hasta el momento hay 3,200 millones de dólares en gastos de operación que están en disputa y al paso que vamos el Estado deberá cumplir con esa deuda. En este momento de crisis, ¿de dónde sacarán esos recursos?, esa es la gran pregunta.
La política de “socios y no patrones” se asemeja a la emprendida por el ex presidente del MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) en el proceso de capitalización (privatización) de las empresas estratégicas que apuntalaba la necesidad de conseguir un “socio estratégico” para explotar el gran poder hidrocarburífero del país. ¿Han cambiado los actores pero no los mecanismos del saqueo?
Un pequeño repaso a la cantidad de empresas trasnacionales y su propiedad sobre los recursos gasíferos nos develan que el 85% de la actividad de hidrocarburífera está en manos de las trasnacionales. Una muestra palpable de que no hay nacionalización, principal propuesta electoral y de gobierno repetida por los medios informativos en millonarias campañas que no consiguen convencer a la población desde el 1 de mayo de 2006.
División y enfrentamiento
La disputa por Incahuasi por regalías entre dos regiones hace palpable dos temas. El primero, que ninguno de los representantes de ambas regiones tiene en cuenta la enajenación del patrimonio nacional y que la pelea interna encubre una realidad nacional que nos está llevando al colapso económico y la división.
Segundo, que al enfrentar a dos regiones tan emblemáticas en la historia nacional (Chuquisca y Santa Cruz), se disuelva el pedido justo de evitar la reelección presidencial. Costas con sus declaraciones sólo ha demostrado estar más cerca del Gobierno plurinacional que de las aspiraciones departamentales y nacionales. ¿Su deseo de ser candidato presidencial, con su postura, se diluyen dramáticamente? Asimismo, ¿la postura de los chuquisaqueños va en la misma tesitura: pelear por las ramas y no por el tronco y raíces de la solución del problema? Ambas posturas, ¿serán la punta de lanza para quebrar la lucha contra la repostulación? ¿Es una de las estrategias del Gobierno plurinacional?
Además de no podemos dejar de mencionar que la exigencia de las provincias productoras de gas de Santa Cruz por una redistribución de las regalías hidrocarburíferas, e incluso su manejo directo, hace de este conflicto un caldo de cultivo perfecto para el enfrentamiento interno. Felices, el Gobierno plurinacional y sus aliados internos, junto con la venia y complacencia de las empresas extranjeras.
