Al presidente López Obrador no le interesan los recursos que hay en los fideicomisos del Poder Judicial. Lo que quiere es desacreditar a los tribunales y avanzar, así, en la erosión del sistema de justicia.
Al presidente los jueces le estorban. No tolera que varias de sus decisiones e iniciativas hayan tropezado con resoluciones adversas en distintos escalones del Poder Judicial. Durante cinco años López Obrador ha denostado a jueces que, en cumplimiento de sus responsabilidades legales, han emitido sentencias o han concedido amparos con los que está en desacuerdo. Su explícita hostilidad con la mayor parte de los ministros de la Suprema Corte (inclusive varios de los que él propuso) es ampliamente conocida.
Ahora, el presidente intensifica esa pugna. Su disputa ya no es solamente con jueces y ministros de manera individual, sino con el Poder Judicial como institución.
Estamos ante una campaña emprendida desde el Poder Ejecutivo, con la fuerza y recursos de los que dispone el Presidente de la República, en contra de otro de los Poderes de la Unión. López Obrador no tiene interés en respetar el orden constitucional. Al resto de los poderes e instituciones del Estado los considera subordinados suyos. Cuando constata que no lo son, se enfurece y los injuria. No reconoce la función que tiene el Poder Judicial como revisor y, de esa manera como contrapeso, de las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo. El presidente se comporta como si creyera que él es el Estado.
El Poder Judicial, como otras instituciones, cuenta con fideicomisos en donde ha depositado recursos para financiar actividades o compromisos específicos. El presidente López Obrador miente cuando dice que los ministros de la Corte se benefician de esos recursos. De allí se pagan pensiones de magistrados y jueces jubilados, viviendas para jueces que son enviados a trabajar a otras localidades, servicio médico para trabajadores de los juzgados, entre otros rubros. Esos fideicomisos son plenamente legales y su ejercicio es transparente. De ellos dependen, entre otras cosas, el cumplimiento de derechos laborales de trabajadores del Poder Judicial. El presidente López Obrador y su partido quieren cancelar 13 de esos fideicomisos y, de esa manera, confiscar 15 mil millones de pesos.
Con ese despojo, y con una cuantiosa disminución en su presupuesto para 2024, el gobierno quiere debilitar al Poder Judicial. El propósito no es financiero, sino político. Al disponer de menos recursos, la capacidad para administrar justicia tendrá que decrecer. Pero la decisión del Congreso para aniquilar los fideicomisos seguramente será impugnada por legisladores de las oposiciones y llegará a la Suprema Corte.
Habrá motivos de sobra para que los ministros de la Corte invaliden la desaparición de los fideicomisos. Se trata de una acción ilegal y que, a diferencia de lo que han dicho López Obrador y diputados de Morena, de ninguna manera está sustentada en la Constitución. Cuando la Corte anule la cancelación de los fideicomisos, AMLO insistirá en su mentiroso pero muy amplificado discurso en contra de supuestos privilegios de los ministros y contra los jueces de todos los niveles.
El de los fideicomisos es un episodio dentro del proyecto de López Obrador y Morena para menoscabar la autonomía y las capacidades del Poder Judicial. El desenlace de tal embate ocurriría dentro de un año cuando, si obtiene la mayoría legislativa necesaria para cambiar la Constitución, Morena instauraría la elección de los jueces, comenzando por los ministros de la Corte, por voto universal. Un Poder Judicial sometido a las presiones y veleidades de la política electoral carecería de independencia.
Centenares de miles de personas marcharon ayer, domingo 22, en defensa del Poder Judicial. A los trabajadores de los juzgados federales en todo el país, y sus familias, se sumaron ciudadanos en docenas de ciudades. El asedio que el presidente López Obrador agudiza en contra del Poder Judicial está propiciando que los jueces y magistrados, así como las tareas que realizan, tengan un respaldo social que nunca ha sido tan explícito.
Durante su gobierno el presidente ha perjudicado derechos de trabajadores de la salud o de la educación, entre otros, pero hasta ahora no había encontrado una respuesta tan cohesionada y de alcance nacional como la que expresan los trabajadores del Poder Judicial Federal. Al defender sus derechos, esos trabajadores de la justicia defienden también la división de poderes y los equilibrios constitucionales.
Cualquiera que sea el destino de los fideicomisos y sus recursos, López Obrador insistirá en difamar, denunciar y vilipendiar al Poder Judicial. El debilitamiento y, cuando pueden, la anulación de las instituciones judiciales, es una idea fija de los gobiernos autoritarios. En Israel, hace pocos meses, el gobierno encontró un amplio rechazo social cuando quiso reducir atribuciones de la Corte Suprema. Uno de los ministros más destacados que la han integrado, ejemplo de independencia y probidad, es el juez Aharon Barak, retirado hace tiempo pero muy presente en la discusión pública en ese país.
La Suprema Corte mexicana publicó en 2008 las memorias de Barak, Un juez reflexiona sobre su labor: El papel de un tribunal Constitucional en una democracia. Allí, ese experimentado jurista explica acerca de la Corte y otras instituciones del Estado:
”La tensión entre el tribunal y las otras ramas es natural y, en mi opinión, también es deseable. Si los fallos del tribunal siempre fueran satisfactorios para las otras ramas, levantaría sospechas de que el tribunal no estuviera cumpliendo adecuadamente con su papel en la democracia. Así, la crítica de los fallos del tribunal es algo adecuado y benéfico para él mismo, ya que la crítica ayuda a vigilar a los guardianes. Los asuntos comienzan a deteriorarse cuando la crítica pierde objetividad y se transforma en un ataque artero. La confianza pública en los tribunales puede dañarse y el equilibrio que caracteriza la separación de poderes puede verse mermado. Cuando ataques subjetivos afectan la composición o jurisdicción del tribunal, se llega al punto de crisis. Esta condición puede indicar el comienzo del fin de la democracia”.
De esa magnitud es el riesgo que corremos hoy en México.
