El comportamiento gubernamental ante la demanda de que cambie sus decisiones unilaterales y autoritarias sobre el próximo censo nacional está deflagrando un dispositivo económico y social, con una capacidad destructiva similar a la que provocó el inicio de la pandemia de Covid-19 hace dos años.
El paro de protesta en Santa Cruz que se estrella contra la impermeabilidad gubernamental para oír y atender, funciona para la población de ese departamento, casi idénticamente a la situación que vivimos durante la cuarentena forzosa, como primera respuesta desesperada para detener el avance de la enfermedad. Y, con los bloqueos de carretera y de violencia en plena expansión, lo que ocurre ahora focalmente tenderá a hacerse general en plazos demasiado breves.
Hoy, como en aquel momento, la enorme base de la pirámide que constituyen los trabajadores del 80% de nuestra población que vive en el precariado de la economía sumergida -sin salarios, beneficios o protección laboral alguna-, quedan amarrados de pies y manos así sea para garantizar la mínima atención requerida de sus necesidades más elementales.
La angustia de familias, azotadas por las consecuencias que dejó la pandemia, como el endeudamiento o las deficiencias educativas y sanitarias que se mantienen hasta ahora; la lenta recuperación frente a la desaceleración económica y el subrepticio pero persistente avance de precios -imperceptible para las estadísticas oficiales- quedan todavía enterrados bajo los titulares sobre desafíos y choques políticos, pero son sin duda los verdaderos problemas, porque agravan todas las contradicciones y estrechan el ya reducido horizonte que asfixia a nuestras mayorías.
La disposición que ha sembrado este enfrentamiento ha nacido sin verdadera consulta y generación de acuerdos, haciendo que la postergación del censo prolongue situaciones de inequidad que legalizó el de 2012.
El miedo de afrontar los imprescindibles cambios en la distribución de recursos fiscales y participación parlamentaria está agazapado detrás de lo que tramposamente se llama “posiciones técnicas”. La única forma de demostrarlo contrario, sin equívocos, es un diálogo abierto, de acceso público sin restricciones, donde se presente información actualizada, comprensible y directa.
La dirección del MAS se comporta frente al problema con los mismos reflejos de siempre, basados en el despliegue de la fuerza y la intimidación, con lo que impulsa y expande la influencia de los grupos de oposición política más radicalizados, buscando una victoria demasiado difícil y/o costosa, inclusive si mantuviese una conducción cohesionada y disciplinada.
Enfrenta el conflicto queriendo cerrar los ojos, primero y más importante, a su creciente quiebre con amplios sectores de su base social y, segundo, a la obscena disputa que le ocasiona la insubordinación abierta del grupo de Morales Ayma, cada vez más decidido a buscar un desenlace que le permita recuperar el control absoluto al más breve plazo.
La alianza de facciones que sustentan a Arce Catacora, casi exclusivamente por consideraciones prácticas y de beneficio inmediato, resulta tenue y frágil, al basarse principalmente en dirigentes y cuadros, cada vez más divorciados e insensibles a las demandas de sus bases, como lo prueban todos los conflictos sociales ocurridos en los últimos meses, que han obligado a retrocesos gubernamentales, estridentes e improvisados.
Tan improvisados, como los tres ministros, por los cuales el presidente ha apostado todas sus fichas y que sobreviven, sólo debido a que la desesperación de los más curtidos punteros del bando de Morales, ha multiplicado sus errores, al compás de su agresividad y prepotencia.
Las variable económicas negativas (aumento de precio de los combustibles importados y su demanda, caída de reservas monetarias, inflación importada) están superando a las positivas (precios de las exportaciones), mientras la ventaja política de contar con una oposición “partidista” cuyo eventual e improbable retorno es temido inclusive por parte de su propio electorado, se desgasta en la misma proporción en que sube la incertidumbre que genera el incremento de la violencia en conflictos como el de la tierra, la inseguridad urbana, el desamparo de mujeres y menores.
La política de darle más fuego al fuego -sea en los bosques avasallados o en las manifestaciones de auténtico y legítimo descontento- es, sin atenuantes, un arma de autodestrucción colectiva que golpea durísimo a los castigados y desamparados de siempre, sin importar por quien hayan votado o piensen votar.
