La condena de 10 años de prisión por “incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución” a la expresidenta transitoria, Jeanine Áñez, es un hecho producido por el poder judicial coaccionado desde el poder político del gobierno del MAS, que abre un nuevo boquete a la democracia.
Uno de los criterios para definir y medir la democracia en los países libres son las elecciones libres y justas. Los comicios generales de 2019 en Bolivia no fueron libres ni justos. La rebelión ciudadana en diferentes departamentos del país se activó a causa, entre otras, del no cumplimiento de dicho criterio. La emergencia de Jeanine Áñez como actora estratégica durante la crisis política del año referido fue una respuesta rápida a la falta de control estatal sobre las movilizaciones ciudadanas a favor y en contra de las elecciones libres y justas, luego de la renuncia en cadena de la élite política gobernante (MAS). Sin embargo, el relato de que la asunción a la presidencia de Áñez fue a través de un golpe de Estado se ha fortalecido ideológicamente con su condena a prisión.
La condena a Jeanine se da un contexto jurídico que tiene fallas estructurales que intoxican la democracia como régimen institucional. En el Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, se puede encontrar en el acápite sobre “Obstáculos a un sistema judicial independiente e imparcial: b) injerencias” su alusión sobre una recomendación del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que, en sus palabras, “hace suyas”, cual indica la “preocupación de la existencia de tipos penales ambiguos tales como sedición, terrorismo o incumplimiento de deberes”.
Es decir, la condena a la expresidenta transitoria en el marco del denominado “golpe de Estado II” por el delito de “incumplimiento de deberes” en su condición de senadora, está basada en las imprecisiones señaladas por los expertos internacionales (y retomadas por García-Sayán), quienes son actores institucionales con autoridad moral y enfoque objetivo libres de los sesgos ideológicos polarizantes y la coacción del poder político.
No obstante, la coacción del poder político sobre el poder judicial en Bolivia es un constante difícil de revertir (aunque no imposible). Las palabras del expresidente, Evo Morales, en el contexto del debate político a favor y en contra sobre un juicio de responsabilidades a Jeanine Áñez en su condición de expresidenta, son la prueba fehaciente de la prevalencia del poder ejecutivo y el mayoritarismo sobre los poderes contramayoritarios. “En una reunión convocada por el hermano presidente Lucho Arce, estaba David Choquehuanca, vicepresidente; (el ministro) Iván Lima, ministro (a) de la Presidencia, (María Nela Prada); Pacto de Unidad, no todos; jefes de bancada de senadores y diputados, presidentes de las cámaras, casi coincidimos que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades”. Reunión política que García-Sayán, desde su cuenta en twitter, consideró preocupante porque son señales de una posible intervención del poder político en el proceso judicial de Áñez que tiene derecho a un juicio de responsabilidades.
Por tanto, no es Jeanine, es la democracia representativa, entendida como régimen que también se compone de poderes u órganos independientes (contramayoritarios) que fungen como instituciones que imponen límites a los instintos mayoritaristas circunstanciales, quien está en proceso de degradación institucional. Lo que ahora vive la expresidenta transitoria es la afirmación empírica particular que otorga validez a la idea de que en Bolivia los desvíos del poder judicial contra un opositor/a están determinados por pasiones políticas y sesgos ideológicos del gobierno mayoritarista de turno.
José Orlando Peralta es politólogo
