Tras reconocer que en el país se dieron importantes avances en cuanto a la Participación Ciudadana y Control social, fundamentalmente en el marco normativo desde la promulgación de la Constitución Política del Estado y leyes sobre este campo, los asistentes al “Encuentro nacional de actores de la Participación Ciudadana y Control Social”, efectuado en la ciudad de Cochabamba el 9 de agosto, plantearon que es precisa su aplicación desde una operativización normativa, reglamentos municipales, y la asignación de suficientes recursos.
De acuerdo con ello, y para alcanzar este fin, los asistentes a este Encuentro, provenientes de distintos municipios de ocho departamentos del país, convocado por la Red de Participación Ciudadana y Control Social (Red PCCS) expresaron, a través de un manifiesto público, algunas acciones que deben ser efectuadas a la brevedad posible.
Respecto a la ley de Participación Ciudadana y Control Social (341) los asistentes al Encuentro plantearon, a través de un manifiesto, exigir su cumplimiento en el nivel municipal “que establece mecanismos de conformación de los representantes de la sociedad civil, su mandato y efectivice la realización de sus tareas” y también “estudiar y proponer ajustes a la Ley para hacerla más operativa”.
Al respecto Lilian Guzmán, presidenta de la Red PCCS, reflexionó en sentido de que “al no haber suficiente poder desde la norma para el Control Social muchos de los gobiernos municipales” no los reconocen y que incluso se ha identificado “municipios como Yapacani y Anzaldo que, si bien tienen Control Social, no han sido plenamente reconocidos por los gobiernos municipales”.
Por otra parte, se especifica que “se debe estructurar asociaciones de Control Social a nivel regional, departamental y nacional que permitan reforzar el trabajo de los representantes del Control Social municipal con transferencia de capacidades, asesoramiento técnico y jurídico y que tenga recursos garantizados a través de los aportes de los miembros del Control Social”.
Sobre este mismo aspecto se demanda “garantizar la autonomía de la gestión y aplicación de los recursos para el Control Social que debe ser reflejado de manera clara en normas y reglamentos en el nivel municipal concertado con la sociedad”.
Respecto a los jóvenes se planteó “fortalecer el protagonismo de mujeres y jóvenes actualizando los estatutos y/o reglamentos de las juntas vecinales, Organizaciones Territoriales de Base y demás representaciones de los actores sociales para que tome en cuenta que algunos cargos puedan ser ocupados por jóvenes”, además de “fortalecer las capacidades de los jóvenes involucrándolos en procesos de formación y construcción de liderazgos”.
Sobre este aspecto, Guzmán destacó como muy importante el hecho de haber identificado a actores jóvenes y adolescentes como impulsores de la Participación Ciudadana y Control Social, por lo cual su participación es considerada muy relevante.
Entre otros aspectos los asistentes al Encuentro expresaron que se debe “garantizar la autonomía de las Unidades de Transparencia, a través de un proceso electoral que permita a la población elegirlos de manera directa y evitar así que sea designado por el Ejecutivo Municipal”; “construir de manera participativa, y con el aporte ciudadano, los mecanismos de rendición de cuentas en cuanto a periodicidad y contenido”; “consolidar los procesos de renovación de autoridades y líderes, sin descuidar la continuidad de los procesos ya implementados”; y finalmente “garantizar la seguridad y operatividad de los representantes del Control Social en el ejercicio de sus tareas (transporte, seguros de vida y salud)
Compromisos
Tras el análisis de la situación de la Participación Ciudadana y Control Social en el país los asistentes al Encuentro asumieron el compromiso de apoyar iniciativas que vayan en sentido de:
* Generar procesos más participativos e informados para espacios de articulación orgánica de los mecanismos de Participación y Control Social municipales a nivel departamental y nacional”
* Favorecer la inclusión de jóvenes hombres y mujeres en la vida orgánica de las diferentes organizaciones de Control Social, reforzando su formación desde la práctica y construyendo liderazgos.
* Establecer una red de comunicación activa que permita intercambiar información y experiencias que fortalezca el ejercicio de la Participación y el Control Social.
* Garantizar la pluralidad de los Representantes del Control Social sin ningún tipo de discriminación.
* Promover la participación de la sociedad en las sesiones municipales, ya sea través de sus representantes o de forma directa en espacios abiertos por el Ejecutivo y Legislativo Municipal.
Buenas prácticas
Montero promueve alimentación saludable
Durante la jornada se pudo conocer interesantes experiencias sobre Participación Ciudadana y Control Social tal el caso de la promulgación de la ley 211 en el municipio de Montero, misma que determina fomentar la alimentación saludable en los establecimientos educativos mediante los “kioskos saludables” como forma de contrarrestar la obesidad que es considerada a nivel mundial como una enfermedad crónica.
“Cada comunidad educativa garantizará la venta de alimentos nutritivos en los kioskos saludables, debiendo asegurar la oferta definida en la reglamentación…”, señala el artículo 15 de la ley y complementa que quienes infrinjan la Ley y sean sorprendidos vendiendo otro tipo de alimentos serán sancionados En el mismo sentido la Ley establece que las secretarias respectivas tienen como obligación promover la actividad física e incentivar entre los habitantes el consumo de agua.
La propuesta de Ley fue presentada por los directores del distrito 5 tras haberla socializado y recibido el apoyo de distintas instituciones como el control social, el consejo social municipal de salud y el comité cívico. Para su elaboración contaron con el asesoramiento del Instituto de Capacitación para el Desarrollo (INCADE).
