En 2024 fueron asesinadas 83.300 mujeres y niñas en el mundo, de las cuales 50.000 murieron a manos de sus parejas o familiares, según datos de Naciones Unidas. Bolivia figura entre los países latinoamericanos con mayor incidencia de feminicidios, con 64 casos registrados hasta noviembre de 2025, lo que refleja la magnitud de una crisis que trasciende fronteras y que cada 25 de noviembre vuelve a ser recordada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Inmediaciones
La violencia contra las mujeres es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y persistentes en el planeta. Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud advierten que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, lo que equivale a más de 840 millones de personas. A pesar de décadas de campañas y legislación, las cifras muestran que el problema no ha disminuido de manera significativa y que sigue siendo una emergencia global.
Los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) revelan que los homicidios de mujeres por razones de género se concentran en América Latina y África. Países como Honduras, El Salvador y Guatemala presentan tasas de feminicidio superiores a 10 casos por cada 100.000 mujeres, mientras que en África, Sudáfrica se mantiene como uno de los países más peligrosos para las mujeres, con altos índices de violencia sexual y doméstica. En Europa, aunque las cifras son menores, naciones como España reportaron más de 50 feminicidios en 2024, lo que mantiene la problemática en la agenda pública.
64 casos en Bolivia
En Bolivia, la situación es crítica. La Fiscalía General del Estado informó que hasta noviembre de 2025 se registraron 64 feminicidios, con La Paz como el departamento más afectado, acumulando 24 casos. Aunque la cifra muestra una ligera disminución respecto a 2024, sigue siendo alarmante y refleja una crisis estructural que no logra ser contenida. La Ley 348, promulgada en 2013 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ha sido un avance normativo importante, pero su aplicación enfrenta serias dificultades. La falta de recursos, la escasa coordinación interinstitucional y la persistencia de patrones culturales machistas limitan su efectividad.
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado que muchas víctimas no encuentran protección adecuada y que los procesos judiciales suelen ser lentos, lo que genera impunidad y desconfianza en el sistema. La violencia contra la mujer en Bolivia no solo se manifiesta en los feminicidios, sino también en agresiones físicas, psicológicas y sexuales que afectan a miles de mujeres cada año.
A nivel global, la violencia se expresa en múltiples formas: violencia doméstica, violencia sexual, trata de personas, acoso laboral y violencia digital. La pandemia de COVID-19 agravó esta situación, ya que los confinamientos expusieron a millones de mujeres a convivir con sus agresores sin acceso a redes de apoyo. En varios países europeos y asiáticos, los reportes de violencia doméstica aumentaron entre un 30 y un 50 por ciento durante los meses más estrictos de aislamiento.
El 25 de noviembre no es solo una fecha conmemorativa, sino un llamado permanente a la acción. La memoria de las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960 por su lucha política en República Dominicana, recuerda que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, sino un problema social que afecta la democracia, la justicia y el desarrollo. Como señala ONU Mujeres, “la violencia contra las mujeres y las niñas es prevenible, no es inevitable”. La vigencia de esta frase resume el desafío: transformar las estructuras sociales y políticas para garantizar que las próximas generaciones vivan en un entorno libre de violencia y discriminación.
