Conocidas las díscolas declaraciones de Luis Almagro en Argentina, dos son los titulares de primera plana que inspiran esta nota. Por un lado se afirma que Almagro invoca a que las urnas diriman los proyectos políticos en el país (La Razón), mientras que otra indica que este señor habría reiterado que “ la reelección no es un derecho humano”. Dada la amnesia selectiva que lo aqueja, en Bolivia no solo olvidó la opinión jurídica de la Comisión de Venecia, que el mismo solicitara, sino también las estridentes y ofensivas acusaciones que, a tuitazo limpio, Evo y sus voceros lanzaron en su contra. En fin, los que antes lo aplaudían no ocultan su indignación y los que lo denigraban lo premian con festiva algarabía, mientras el ilustre visitante intenta convencernos de que no sabía que la guirnalda que lo engalanara era de coca chapareña.
Fue políticamente incorrecto escenificar su fugaz visita multipropósito en el Chapare. Contraproducente. Sirvió para recordar a Bolivia y al mundo un dato irrefutable: que el poder de Evo Morales nació, se irradió y ahora se reduce gradual e inexorablemente a un territorio sin otra ley que la de los sindicatos cocaleros que él preside.
Desmontado el teatro de operaciones envolventes destinadas a bendecir al binomio ilegal e ilegítimo del MAS, queda claro que la conmoción producida por su periplo chapareño atizó el fuego de la reivindicación del voto del 21F, crispó el ánimo de la “clase política” opositora embarcada en una carrera electoral llena de obstáculos, e inyectó una dosis de adrenalina a cientos de miles de ciudadanos que votaron NO a la reelección y como nunca antes, se indigestaron por la enredada trama narcopolicial-judicial-política, que inunda la cartelera informativa.
Otra lección: no es tiempo de gastar energía en afanes para evitar la reelección de tan controvertido personaje, hoy ofuscado por la imposibilidad de cristalizar una salida democrática en Venezuela. Se evidencia, una vez más, la debilidad y burocrática lentitud de la actuación de la CIDH y los órganos interamericanos encargados de refutar jurídicamente los argumentos prorroguistas de gobiernos como el boliviano.
Y es que a cinco meses del 20 de octubre, y a pocos días del 27 de mayo, fecha de arranque oficial de la campaña electoral, el efecto Almagro deja una huella en el escarpado terreno en que se mueven los candidatos opositores. Todas las encuestas indican que de concentrarse el voto opositor llegaríamos a una segunda vuelta. Pese a ello, avizoramos la imposibilidad de consolidar una candidatura única así como constatamos que no es ni será la hora de aquellos binomios afanados por disputar los votos residuales que les deja la polarización, aun a riesgo de no contar con representación en el Legislativo. El caso de Demócratas es sui géneris, pese a su estancamiento persisten en su empeño de asegurar su reducto de poder territorial: Santa Cruz.
En este escenario, considero que hay tareas a encarar unitaria y rigurosamente. Una de ellas tiene que ver con el operativo de control electoral en las miles de mesas de votación ese 20 de octubre, acción cuya contundencia pasa por movilizar a la ciudadanía y por constituir plataformas, en red, de cómputo de resultados y de actas oficiales verificadas en mesa y de las impugnaciones oficiales que correspondan. Hoy como nunca, el fraude es un fantasma que se instala testarudo en el imaginario de la gente.
El segundo reto pasa por diseñar una estrategia territorial opositora convergente, para evitar la dispersión del voto en la votación de las 63 circunscripciones uninominales que, por mayoría simple, podría favorecer al MAS. Ingeniería electoral compleja que más que generosidad exige una visión estratégica e inteligente en el bloque opositor.
La tercera tarea consiste en contar con una machacona campaña destinada a denunciar ante Bolivia y el mundo el cotidiano uso y abuso de los recursos públicos, bajo la batuta de un hiperpresidencialismo clientelar sin límites. Y es que el camino al fraude en clave populista está empedrado de prácticas que en cualquier país que se precie de democrático caerían en la categoría de delitos electorales. Por más objetiva que sea la observación electoral de cualquier misión, no podrá dar cuenta de la sistemática coacción y cohecho electoral procesados meses antes del 20 de octubre, crucial para el destino de la democracia boliviana.
La autora es psicóloga, cientista política, ex parlamentaria
