El 08 de diciembre próximo será un día crítico para la democracia en Bolivia porque se pondrá a prueba la institucionalidad de una de las partes de su sistema político: cuando el Tribunal Supremo Electoral saque a la luz pública si reconoce la legalidad y legitimidad del voto ciudadano emitido el 21 de febrero del 2016, o en su defecto, el fallo del Tribunal Constitucional sobre la cuarta postulación de Morales Ayma. Sea cual sea la decisión, la tendencia es la movilización social de rechazo a la decisión adoptada porque es la principal razón de la polarización pre-electoral. La cuestión es ¿con cuanta intensidad política?
Ahora bien, hay que tener en cuenta el reacomodo y reagrupación entre nuevos y antiguos actores políticos, por un lado, las dos alianzas del campo opositor: Comunidad Ciudadana (FRI-SOL. BO) y Bolivia dice No (MDS-UN), y por otro, el MAS – de acuerdo a la encuesta de IPSOS publicada por El Deber el viernes 26 de octubre, las preferencias electorales van en el siguiente orden: Morales, Mesa, Costas y Doria Medina-, como fuerzas políticas con militancia y simpatizantes.
En este contexto, como consecuencia de la investigación sobre el caso Lava Jato dirigida por la asambleísta Susana Rivero, emerge el fantasma de la probable inhabilitación de uno de los pre-candidatos a la presidencia del campo opositor que tiene una considerable preferencia electoral de cara al 2019.
Por lo tanto, el 08 de diciembre será un día de mucha incertidumbre. En este sentido tomo en cuenta cuatro posibles escenarios: 1) Habilitación de Mesa y Morales; 2) Reconocimiento del 21F e inmediata inhabilitación de Morales Ayma; 3) Inhabilitación de Mesa; 4) Inhabilitación de Mesa y Morales.
El escenario 4 es el más remoto. El escenario 1 es quizás el más pragmático para salvaguardar el orden público, pero tampoco implica que quienes han sido constantemente activos con la defensa del 21F se vayan a quedar con los brazos cruzados. Los escenarios 2 y 3 –considerando el apoyo militante y comprometido a los pre-candidantos- sí sugieren disconformidad y consecuentes movilizaciones ciudadanas con intensidad política-partidaria que pueden desembocar en actos violentos. La discursividad política aguerrida, tanto desde el contexto emocional ciudadano anti-MAS, como desde la militancia dura del proceso de cambio, son la evidencia de que ya existe una tendencia hacia el conflicto violento por la causa que sea (por ejemplo el caso de Roboré).
Así las cosas, el 08 de diciembre será un día clave para la democracia en Bolivia: se sabrá si aún existe un indicio de lo que queda del Estado Republicano -si es que se respetan las reglas de juego previamente pactadas-; o, si las voluntades políticas movidas por intereses corporativos con afanes populistas todavía seguirán prevaleciendo –cuando por encima del voto de la mayoría está el derecho de uno-.
