2022, el margen para la esperanza

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Somos seres de costumbres: en el tránsito de un año a otro hacemos balances y queremos creer se abre un nuevo ciclo. Tratamos de moldear con propósitos de enero las vicisitudes del año que tenemos por delante. Las dificultades que presenta 2022  quisiéramos conjurarlas con un aluvión de parabienes, pero ante un escenario tan desastrado no basta el optimismo más voluntarioso.

   Más pobreza, más violencia, regresión autoritaria, debilitamiento institucional, polarización: si así fue 2021, no hay motivos sólidos para suponer que el nuevo año será diferente. Hace falta ese realismo para robustecer la incipiente resistencia social que se desarrolla frente a la megalomanía y la concentración excedida del poder que despliega el presidente de la República. 

   Durante el año que acaba de concluir las exigencias y la indignación de los segmentos más activos de la sociedad mexicana consiguieron atemperar abusos del gobierno. Allí hay un camino que será preciso seguir andando, a pesar del autoritarismo oficial y, precisamente, para enfrentarlo.

   Iniciamos el tercer año de la pandemia con la nueva confianza que hay traído las vacunas pero sin que se hayan resuelto los muy costosos dislates en la política de salud de nuestro gobierno. Los intentos para disimular la gravedad de la epidemia, la falta de pruebas suficientes, la injustificable parsimonia en la vacunación y la negación de medidas de protección indispensables, siguen debilitando al país para enfrentar esta crisis. El uso de cubrebocas nunca se convirtió en política de Estado, en todas partes se mantienen la desinfección de superficies y la toma de temperatura que son escasamente útiles y se desdeña la indispensable ventilación de espacios públicos, en contra de las evidencias y recomendaciones científicas se mantiene la renuencia para vacunar a los niños y no se contratan ni aplican vacunas de refuerzo para toda la población.

   El gobierno está muy atareado blindándose políticamente y no atiende necesidades elementales y urgentes. En las instituciones de salud pública la falta de medicamentos e instrumental es un ominoso insulto para millones de mexicanos. Ni siquiera se ha resuelto la carencia de medicamentos para personas con cáncer, perseverantemente denunciada por los padres de niños con esa enfermedad, a pesar del compromiso personal —que por lo visto no fue más que una pose demagógica— del presidente López Obrador. 

   El gasto público, que es dinero nuestro, se concentra para satisfacer estrafalarias prioridades del gobierno. Un aeropuerto a donde llegarán pocos aviones, de tortuoso acceso para los pasajeros y resultado del capricho para cancelar una construcción que ya estaba avanzada; una refinería que no hace falta y que acentuará el empleo de combustibles contaminantes; un tren innecesario, ambientalmente depredador y rechazado por las comunidades por donde pasará (si es que llega a ser construido). Esas serán las grandes obras de un gobierno sin más rumbo que los delirios de quien lo encabeza.

   La militarización, por mucho que se le niegue, se despliega con derroche de recursos y, sobre todo, crecientes atribuciones para las fuerzas armadas. La delincuencia organizada, mientras tanto, aprovecha la nueva impunidad propiciada por la falta de decisión del Estado para combatirla.

   El gobierno es irresponsable, y en muchos casos deliberadamente ineficiente, para combatir a los auténticos delincuentes. Pero al mismo tiempo, emplea recursos judiciales para perpetrar venganzas  o para amedrentar a quienes considera como adversarios políticos.      

   La trayectoria política de Rosario Robles ha sido muy discutible, por decirlo de manera elegante. Pero la mantienen en la cárcel sin pruebas de que haya cometido delitos, impidiéndole que siga su proceso en prisión domiciliaria. Mientras no se demuestre otra cosa, Robles está en la cárcel como resultado de una represalia personal debido a los videos que en 2004 mostraron, recibiendo dinero, a colaboradores de López Obrador.

   El gobierno, a través del Conacyt, acusó en julio pasado por “delincuencia organizada” a 31 científicos que tuvieron desacuerdos con la actual política de ese organismo. Ya se comprobado que esos académicos no cometieron ilícito alguno, pero durante varios meses padecieron la amenaza de cárcel.

   El mismo recurso fue utilizado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en contra de seis consejeros y del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, para intimidarlos cuando decidieron suspender la preparación de la consulta de revocación de mandato debido a la falta de presupuesto. La oleada de solidaridad que cobijó a esos funcionarios electorales llevó al presidente de la República a considerar que tal denuncia no era pertinente. Gutiérrez Luna la retiró, aunque la Fiscalía General ya la había aceptado y, hasta donde se sabe, no ha cancelado ese proceso.

   El empleo de la justicia para arredrar y perseguir a aquellos con quienes tiene desacuerdos políticos se ha vuelto un recurso del actual gobierno y de Morena. La involución política que eso significa es absolutamente reprobable. Nunca, en las décadas recientes, habíamos visto ese empleo tendencioso de recursos judiciales. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, lo ha señalado así en una entrevista con El País: “Se ha cruzado la frontera de criminalizar al que no piensa como tú”.

   La reacción de muchos ciudadanos —incluso de algunos que se encuentran en el circuito de influencia de Morena— frenó ese amago contra la autoridad electoral. Respuestas similares, y en alguna ocasiones organismos judiciales como la Suprema Corte, han detenido otros excesos del gobierno. Ahora mismo, los estudiantes y profesores del CIDE defienden con valentía la libertad de investigación y cátedra en esa institución, amenazada por la intolerancia oficial.      

   De variadas maneras, la sociedad activa se opone a extralimitaciones y desatinos del oficialismo. No es sencillo, y en ocasiones tal esfuerzo de personas y organismos sociales puede ser extenuante o ingrato. Pero en la perseverancia y la vitalidad de esa resistencia ciudadana hay motivos suficientes para considerar que, después de todo, 2022 puede ser un buen año.